Sentido de la realidad

LOS TRES proyectos legislativos que concretan la reforma laboral contra la que se convocó la huelga del 27-E se encuentran en trámite parlamentario. Esos proyectos -sobre nuevos contratos, oficinas de colocación y modificación del Estatuto de los Trabajadores, respectivamente- pueden ser enmendados. Así se proponen hacerlo algunos grupos parlamentarios de los que apoyaron la reforma. Tales enmiendas parciales podrán, en su caso, incorporar garantías adicionales que respondan a las inquietudes expresadas por los sindicatos en relación a los contratos de prácticas, movilidad de los trabajadores y otros aspectos de la reforma. Pretender ir más allá, exigiendo la retirada de los proyectos legislativos, indicaría falta de sentido de la realidad por parte de las centrales.El mensaje sindical de que tras la movilización el Gobierno habría de ceder, "como otras veces", reflejaba una profunda incomprensión de la situación. El Gobierno no puede retirar los proyectos sin deslegitimarse. ¿Qué autoridad conservaría si, después de meses de negociación fallida con los sindicatos, cediera ahora a las exigencias de éstos, desautorizando a ese 90% de representantes de, la voluntad popular que han respaldado la reforma en las Cortes? El propio Parlamento no podría admitirlo sin abrir paso a una peligrosa dinámica de poderes paralelos.

Así lo hizo ver ayer el portavoz del Gobierno en una comparecencia en la que se echó en falta la presencia del presidente. Quien, tras unas elecciones en las que el componente de su liderazgo personal fue decisivo, acaba de pedir manos libres para remodelar la dirección de su partido, está obligado a poner en juego ese liderazgo para orientar a una ciudadanía confusa ante el llamamiento sindical. Lo que no hizo en la campaña electoral -explicar que la recuperación exigirá renunciar a situaciones interiorizadas como derechos adquiridos- deberá hacerlo ahora. Incluso es posible que sea éste, tras la huelga general, el mejor momento para hacerlo.

La desorientación de los españoles, que en su mayoría desean una negociación entre el Gobierno y los sindicatos, según revela la encuesta publicada hoy por este periódico, es en parte el resultado, de lo limitado de nuestra experiencia en las complejas relaciones laborales modernas. Hace muchos años que en España hay empresarios y trabajadores, pero el mercado laboral como tal -el marco en el que se articulan la oferta y la demanda de trabajo- es tan reciente como los sindicatos libres. La corta experiencia, junto a las inercias de unos dirigentes forjados en un sindicalismo político por necesidad, puede explicar la persistencia en el sindicalismo español de hábitos desde hace años infrecuentes en otros países. Destaca su poca sensibilidad hacia los condicionantes de la coyuntura económica. La perseverancia con que sus dirigentes repiten las mismas críticas, en términos casi idénticos, frente a políticas económicas muy diferentes es prueba de esa inercia e insensibilidad.

Pero también es cierto que la escasa experiencia en este marco democrático determina los comportamientos inmaduros, tanto de los sindicatos como de muchos empresarios. El riesgo de una aplicación arbitraria de las posibilidades de la reforma ha sido exagerado por las centrales, pero no es inexistente. Algunas de las cautelas incluidas en el proyecto definitivo son consecuencia de sugerencias de los sindicatos. Nada impide incorporar al articulado, mediante enmiendas de los grupos parlamentarios, aquellas garantías que impidan o dificulten una interpretación abusiva de la misma. Hacia esos grupos deberían canalizar ahora sus afanes los sindicatos.