El contribuyente pagará 33.212 millones por la mala gestión pública de Merco

Los socialistas pusieron en marcha en 1983 el más ambicioso plan para controlar la oferta agrícola. 11 años después, se ha colocado el punto final a la aventura con 33.000 millones de pérdidas para el contribuyente. Es la historia de Mercados de Origen, S A (Merco), cuya acta de disolución se firmó el pasado día 15 para enterrar el proyecto en silencio. Pero el paso se ha dado sólo dos semanas antes de que el Tribunal de la UE juzgue si, como opina la Unión, Merco debe devolver 5.900 millones en ayudas oficiales que recibió en 1990.

La UE, además, exige que Merco devuelva otros 18.000 millones recibidos en entre 1991 y 1992.Aunque la empresa nació en 1970, su actividad real, a gran escala, se inició tras la llegada de los socialistas al poder, impulsada por el entonces titular de Agricultura, Carlos Romero, quien situó al frente de la misma a Vidal Díez Tascón, responsable de Merco desde 1983 hasta 1990 y hoy responsable de Estudios de Mercasa. Economía y Agricultura eran los propietarios únicos de la compañía, que tenía por objeto regular los precios de compra de los productos agrícolas y situarlos en el mercado.

"Ha sido uno de los mayores fracasos y escándalos del Gobierno socialista", como admite un alto cargo de Economía. La sociedad llegó a tener 55 centros, en toda España, todos los cuales- salvo dos o tres- han sido vendidos o alquilados a marchas forzadas entre 1992 y 1993. De las distintas auditorías efectuadas en los últimos años, se desprende, según las fuentes oficiales que las han manejado, que Merco ha sido "víctima de una mala gestión"'de sus directivos. Fuentes próximas a Díez Tascón lo achacan, sin embargo, al enfrentamiento entre Carlos Romero y el ex ministro de Economía, Carlos Solchaga, que optó, dicen, por favorecer la iniciativa privada, sobre todo en el sector aceitero.

José Pérez, Pérez, 59 años, ad ministrador único de la sociedad, ha estampado su firma el pasado día 15 en el acta de disolución de la empresa. Para poder dar el cerrojazo, la sociedad ha necesitado importantes inyecciones económicas oficiales para saldar sus numerosas deudas -especialmente créditos bancarios-, además de indemnizar a los cerca de 1.500 empleados que llegó a tener en sus mejores tiempos.

El proceso se ha realizado con sigilo, y sólo la UE ha reaccionado por entender que son "ilegales" las ayudas que la Dirección General del Patrimonio, dependiente del Ministerio de Economía, ha inyectado en los últimos cuatro años. Concretamente, Patrimonio, por la vía de ampliaciones de capital, invirtió 5.900 -millones en 1990; otros 18.000 (en dos operaciones de 9.000 millones cada una) entre 1991 y 1992; y 5.800 en 1993. En 1986, además, ya se habían entregado otros 1.592 millones.

Alerta del sector

La UE, alertada por empresarios del sector aceitero que se sentían lesionados por la supuesta competencia desleal de Merco, puso en marcha en 1991 un expediente para analizar las aportaciones de capital oficial español a la empresa pública. El 4 de noviembre de 1992, la Comisión Europea hizo pública su decisión de declarar "ilegal la ayuda concedida en 1990 por el, Gobierno español a la empresa Merco en forma de aportación de capital por un valor de 5.900 millones de pesetas". "Esta ayuda es, además, incompatible con el mercado común". La Comisión señalaba que, en el plazo de dos meses, Merco debía devolver esa cantidad, con, los correspondientes intereses, al Ejecutivo español. El Gobierno español no sólo recurrió esa decisión sino que, haciendo caso omiso del dictamen de la UE, ha efectuado posteriormente las citadas inversiones en Merco. La Comisión Europea se puso de nuevo en marcha y, en diciembre del pasado año, emitió una nueva decisión -aún no difundida oficialmente- por la que exige a Merco que también devuelva los otros 18.000 millones inyectados entre 1991 y 1992. "El caso tiene una mala presentación a la hora de recurrir porque llueve sobre mojado", dice un experto que participará en la elaboración del nuevo recurso. Y probablemente aún habrá un tercer litigio a raíz de la última aportación oficial de 5.800 millones.

Pero el procedimiento abierto por la UE por los 5.900 millones de 1990 llega a su fin. Para el próximo día 1 de febrero, ha sido fijada la vista del caso ante el Tribunal de la UE en Luxemburgo. Por eso, no parece casual que sólo 15 días antes haya sido firmada la disolución de Merco, con lo que difícilmente podrá ejercitarse ninguna acción judicial.

La mayor parte de las ayudas han tenido como objetivo el cierre de la empresa sin ruido. El 23 de enero de 1992, la Comisión Delegada para Asuntos Económicos dictó un Plan de Actuación sobre Merco "para reestructurar y reordenar la empresa de' forma que se abandone la actividad", según un informe de Economía del pasado año. "El plan contemplaba", añade el informe, "la materialización de ampliaciones de capital que permitiesen la realización de activos y una rápida reducción de la deuda bancaria y del coste financiero correspondiente". Cuando se aprobó ese plan, las pérdidas acumuladas de Merco ya sumaban 27.227 millones, de los que más de la mitad se generaron sólo entre 1990 y 1991.

Pese al desastre, sólo un diputado, Miguel Ramírez, del Partido Popular, ha planteado el problema al Gobierno. "Nunca me han respondido con claridad", señala.