Hosokawa está dispuesto a negociar con la oposicion su reforma auticorrupción

No todo está perdido, pero el catastrofismo, el abatimiento o un contagioso desasosiego sobre el desenlace de la crisis política japonesa se han adueñado de los mejores espacios periodísticos. Incluso aquellas publicaciones tradicionalmente generosas con el conservadurismo liberal exigen del primer ministro, Morihiro Hosokawa, una firme defensa de las reformas anticorrupción. "El Gobierno está dispuesto a recomenzar desde el principio una dificil negociación", aseguró ayer el portavoz de Hosokawa. Pero apenas hay tiempo. El sábado concluye en el Parlamento el actual periodo de sesiones.

Hosokawa no descarta someter de nuevo la reforma al voto de la Cámara baja para intentar sumar dos tercios de los votos e invalidar así la derrota en el Senado. El objetivo es más voluntarista que posible, cuando ya hay dos partidos de centroderecha de la coalición gubernamental que parecen dispuestos a hacer concesiones fundamentales.La oposición conservadora porfía con una arrogancia rayana en la bravata, mientras el líder de la agrupación de siete partidos en el poder, con un escaso margen de maniobra tras el golpetazo del pasado viernes en el pleno de la Cámara alta, se ha declarado decidido a intentar un acuerdo que parece imposible.

A pesar de ello, Hosokawa recibió pronto una clara indicación del precio a pagar por su aprobación legislativa. "Van a tener que aceptar el 95% de nuestras demandas", advirtió Michio Watanabe, uno de los dirigentes más lenguaraces del Partido Liberal Democrático (PLD). La votación contraria de esta formación en la Cámara alta fue secundada por los diputados comunistas y por 17 rebeldes socialistas, que se oponían a la modificación electoral propuesta y no dudaron en saltarse la disciplina de voto.

Watanabe se explicó con altanería de perdonavidas: "Deberán aceptarse las donaciones corporativas". De tragar con su inclusión en el articulado a debate, la ruptura de la coalición es casi segura por su flanco socialista.

Las reformas en aparente almoneda, las únicas sinceras desde el final de la II Guerra Mundial, tratan de modificar sustancialmente las actuales estructuras. Prohiben que los candidatos electorales reciban dinero directamente de las empresas. Estiman los promotores de la modernización que de esa entrega nacen los vicios políticos y escándalos financieros que más han dañado la imagen del país.