Las autoridades mexicanas esperan algún gesto de la guerrilla zapatista para poner fin al conflicto armado
El Gobierno mexicano está a la espera de alguna señal del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), la guerrilla su levada en Chiapas desde el 1 de enero último, que demuestre que verdaderamentete existe intención por su parte de entablar negociación política para poner fin al conflicto armado que padece el sur de México. Todos los ojos están puestos ahora en obispo de San Cristobal de las Casas, Samuel Ruiz, sobre cuya mediación están de acuerdo las dos partes enfrentadas y de quien se espera que en las próximas horas ponga en contacto a los dirigentes del movimiento zapatista con el comisionado del Gobierno para la Reconciliación y la Paz, Manuel Camacho Solís.
Las señales solamente están viniendo por ahora de parte del Gobierno mexicano. Primero fue el alto el fuego y el cese de los bombardeos aéreos, lo que implicó una neutralización del Ejército, pese a que se ha demostrado que alguna que otra unidad militar ha roto la tregua a pesar de la decisión presidencial.Después vino no sólo el reconocimiento, por parte del comisionado Manuel Camacho, de la guerrilla como "fuerza beligerante" otra de las condiciones impuestas por el EZLN para prestarse al diálogo, sino también la aceptación oficial del obispo Samuel Ruiz como mediador de los insurgentes ante las autoridades.
Pese a que Camacho, que el viernes se entrevistó con el presidente Carlos Salinas de Gortari para darle cuenta de sus gestiones en Chiapas, ha advertido ya que están preparadas las bases para una negociación formal, de momento no se ha producido ningún contacto cara a cara entre aquél y la guerrilla.
La Iglesia, por instancia de Samuel Ruiz, parece que va a jugar un papel fundamental en lo que se percibe también como la logística de las posibles negociaciones, sea en la propia selva Lacandona o en la capital mexicana.
Recurso a la nunciatura
Medios políticos estiman que una manera de que las negociaciones se desarrollen dentro de México y con suficientes garantías de seguridad podría ser la de recurrir a la nunciatura de la Santa Sede, que prestaría no sólo un territorio neutral sino también la protección legal que necesitan los guerrilleros para desplazarse por el territorio nacional, ya que se tratan de gentes que están oficialmente fuera de la ley en su país.Estos mismos medios aseguran que el Gobierno, además de la señal esperada para la negociación, se sentiría aún más flexible y generoso si la predisposición de la guerrilla al diálogo va acompañada de un gesto de buena voluntad. Éste sería, siempre según las fuentes consultadas, la liberación del ex gobernador de Chiapas, general Absalón Castellanos, secuestrado por el EZLN al iniciarse la sublevación armada del 1 de enero pasado en este Estado.
La suerte de Castellanos uno de los hombres más ricos de Chiapas, es un asunto que no ha tocado ni la guerrilla en sus comunicados ni el propio Gobierno en sus referencias a la sublevación de Chiapas, pese a que ayer se supo extraoficialmente que Salinas le había encomendado al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Jorge Madrazo, que intervenga en favor del secuestrado.
El diario Excelsior recogía unas declaraciones de un hijo del secuestrado, Ernesto Castellanos, en las que se mostraba perplejo sobre la poca información que le estaba llegando a la familia desde el Gobierno en torno a las gestiones que se están llevando a cabo para conseguir la liberación del secuestrado.
Revelaciones
Es más: el hijo de Castellanos revelaba que días pasados el senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Eduardo Robledo le conminó, a través de una amiga de la familia, a que hiciera un pronunciamiento público acerca de que su padre fue el autor material de un crimen del que le responsabiliza la guerrilla cuando era gobernador de Chiapas, lo que le permitiría salvarle la vida. "Me avergüenza como mexicano y como priísta que haya gente de esta calaña que nos haga esta proposición. Es preferible ver muerto al general que pisoteado por este sistema", dijo.Todo esto coincidía con un día más de trabajo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la zona de conflicto. Hasta la fecha ha recibido esta comisión de naturaleza gubernamental un total de 231 denuncias de personas desparecidas, de las que al menos 136 han sido ya localizadas.
No obstante, ayer se supo que habían sido encontradas dos fosas comunes en Ocosingo que contenían más de veinte cadáveres. Preguntados los vecinos, éstos informaron que las fosas fueron cavadas por el Ejército.
