El caso Soria pendiente de una instancia ante el Supremo chileno
Las expectativas de los gobiernos de España y de Chile y de los querellantes para que sea esclarecido el crimen del funcionario español de un organismo de la ONU, Carmelo Soria, ocurrido durante la dictadura, han quedado reducidas a que una sala del Tribunal Superior chileno revoque la decisión del magistrado Marcos Libedinsky, que cerró este caso el 30 de diciembre. El abogado querellante, Alfonso Insunza, consideró "una barbaridad y una aberración" la negativa del juez a investigar cuando aún quedan diligencias pendientes.Insunza señaló que la Corte Suprema examinará a finales de enero o en marzo la apelación que interpondrá. Anunció que presentará un recurso al plenario del Tribunal Superior para lograr que no se aplique la ley de amnistía.
La batería de recursos de los querellantes incluye también pedir al secretario general de la ONU que solicite a Chile un informe sobre el resultado de la investigación y después lo dé a conocer a los estados miembros del organismo internacional.
Diligencias pendientes
En declaraciones a EL PAÍS, Insunza indicó que el magistrado cerró el caso sin realizar diligencias importantes. Entre ellas, mencionó una declaración solicitada por exhorto al cubano Virgilio Paz, testigo del crimen, careos entre los militares inculpados y un interrogatorio al general retirado Manuel Contreras. Este último fue jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional -la policía secreta de la dictadura chilena-, una de cuyas brigadas asesinó a Soria."Libedinsky se negó a hacer estas cosas. Es una actitud extraña en un juez que considerábamos respetable hasta ayer", dijo Insunza. "El magistrado nos engañó a todos. Creíamos que era un demócrata", agregó Insunza. Libedinsky fue designado en diciembre por la Corte Suprema para investigar el caso Soria, porque afectaba las relaciones entre Chile y España.
Opina el abogado de la familia Soria que, con los antecedentes reunidos en el caso y los militares inculpados, "era fácil llegar a identificar individualmente a los culpables".
Carmen Soria, la hija del funcionario asesinado, dijo al diario La Época que la decisión de Libedinsky le parece "una aberración moral".
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