La sangre riega los bananos de Colombia

El atractivo paisaje selvático de la zona bananera colombiana de Urabá enmascara una de las áreas donde más sangre se vierte en uno de los países más violentos del mundo. El fuego cruzado de la guerrilla, los paramilitares, las fuerzas de seguridad del Estado y los guerrilleros legalizados que volvieron a coger las armas marcan la sufrida vida de 24.000 trabajadores agrícolas y sus familias.Urabá está en el noreste del país, próximo a la frontera con Panamá, con salida al golfo que le da el nombre, el mayor del litoral caribe colombiano, y es el territorio donde se fundó la primera ciudad española en Suramérica, Santa María la Antigua del Darién, de la que apenas quedan vestigios en las crónicas de la conquista.

Hasta mediados de diciembre, el saldo de víctimas de la violencia política en la región era de centenares de heridos y 410 trabajadores y campesinos asesinados, muertos todos en acciones como la del día 9, cuando a las 6.30 horas, en la hacienda La Ceja, en el municipio de Turbo, "fueron sorprendidos por 18 hombres que portaban armas de largo y corto alcance minutos después de iniciar sus labores en la empacadora de bananas", según una fuente del legalizado Esperanza, Paz y Libertad (EPL). Cinco de los trabajadores, seleccionados por los asaltantes, fueron asesinados. Siete horas más tarde, después del almuerzo, bajo el sopor del ambiente selvático, en la hacienda Katíos, también próxima a Turbo, otra banda armada irrumpió disparando indiscriminadamente: mató a 12 trabajadores y dejó varios heridos. "Uno a uno, los amarraron a los cables" donde se cuelgan los racimos de las frutas, relató un testigo al diario El Colombiano, de Medellín. Las víctimas eran comunistas o simpatizantes.

Los de La Ceja y Katíos son sólo dos episodios de la guerra sucia que arreció a fines de octubre al mismo tiempo que se iniciaba la campaña electoral en la que se juega el predominio político del EPL, que en 1991 dejó las armas, y de los comunistas y su ala Unión Patriótica, que antes tuvieron la mayoría en la región.

El EPL atribuye la última ola de atentados contra sus militantes a las milicias bolivarianas, grupos que obedecen orientaciones de las comunistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), organización mayoritaria de la Coordinadora Nacional Guerrilla (CNG).

Vuelven los paramilitares

Los comunistas y la Unión Patriótica atribuyen la violencia contra sus miembros a los Comandos Populares -formados por guerrilleros que se reinsertaron en 1990, cuando se legalizó el EPL, y que retornaron a la lucha armada-, y al resurgimiento de grupos paramilitares anticomunistas que a finales de la década de 1980 asolaron la región con operaciones de exterminio.El Gobierno, a través del consejero presidencial para Urabá, José Noé Ríos, reconoce que hay paramilitares en la región, pero señala a la CNG como la principal instigadora de la violencia.

El obispo católico de Apartadó, principal centro urbano de la región, monseñor Isaías Duarte, posiblemente la única persona considerada neutral por todos los bandos de la guerra sucia, alertó en agosto acerca del resurgimiento e los paramilitares. Para el obispo, era el siniestro resultado de la necesidad que muchos campesinos habían sentido de armarse para poder así defenderse, y que terminaron por convertirse en agresores con la complicidad del Estado. "En mis visitas a la zona he podido comprobar su presencia", dice el prelado. "En el pasado jamás había visto ese tipo de organizaciones en esos territorios de Urabá. Son verdaderos ejércitos que se forman en las fincas para protegerse de la guerrilla, pero últimamente han salido a los caseríos a cobrar justicia con sus propias manos o a eliminar a aquellos que tengan vínculos con los guerrilleros", agrega el obispo, quien pide al Gobierno que emprenda una verdadera reforma agraria y asigne tierras a grupos comunales para que la exploten a modo de cooperativas.

En los 3 1.000 kilómetros de la región bananera de Urabá (una superficia como la de Cataluña), donde se generan 200 millones de dólares (unos 28.000 millones de pesetas) anuales por la exportación de la fruta, más de 500.000 personas no conocen el significado de la palabra progreso. La incertidumbre y el temor por la propia vida marcan el diario hacer de los bananeros, que asisten a una pugna que no es la que cabría esperar de empresarios y sindicatos, que acaban de suscribir un convenio con dos años de vigencia, sino el combate a muerte entre grupos políticos, organizaciones guerrilleras y paramilitares anticomunistas.