El Parlamento Europeo da la razón a España en el contencioso con Bélgica por los presuntos etarras

El Parlamento Europeo aprobó ayer una resolución en la que estima que "en ningún caso un Estado miembro de la Unión puede plantear la concesión del estatuto de refugiado político a un nacional de otro Estado miembro". La resolución de la Eurocámara, presentada por los principales grupos, da la razón a España en su contencioso frente a Bélgica, que no ha rechazado la petición deasilo político de dos presuntos colaboradores de ETA, Luis Moreno Ramago y Raquel García Aranz. El texto insiste en la necesidad de armonizar las leyes de extradición en el marco de la cooperación europea".

El presidente del Gobierno, Felipe González, declaró anoche en Madrid que la resolución del Parlamento Europeo es "muy parecida" a la propuesta que España hizo en el Consejo Europeo la pasada semana, informa Efe.La resolución aprobada ayer por el Parlamento Europeo en su sesión plenaria en Estrasburgo ha supuesto una dura reprimenda para Bélgica, cuyo Gobierno otorga preferencia a la actuación de sus instituciones frente al criterio general de que las peticiones de asilo deben ser sistemáticamente rechazadas cuando son presentadas por un ciudadano de la Unión Europea. La opinión de los eurodiputados no tiene efectos jurídicos, pero sí tiene un valor político que en este caso se acentúa por ostentar Bélgica la presidencia comunitaria y hacer gala este país de una gran ortodoxia en su respeto a las instituciones. La resolución común -así llamada porque fue presentada por la mayoría de grupos parlamentarios- considera que la admisión a trámite por el Alto Comisariado belga para los refugiados políticos de "la solicitud de asilo político presentada por dos presuntos terroristas españoles de la banda ETA ( ... ) supone poner en duda la legitimidad democrática de un Estado miembro de la Unión y es incompatible con el espíritu y la letra del Tratado de la Unión recién entrado en vigor y especialmente con uno de sus artículos".

Cooperación policial

Ese artículo considera de interés común "la cooperación policial para la prevención y la lucha contra el terrorismo, el tráfico ilícito de drogas y otras formas graves de delincuencia internacional, incluidos, si es necesario, determinados aspectos de la cooperación aduanera en conexión con la organización, a escala de la Unión, de un sistema de intercambios de información dentro de una Oficina Europea de Policía (Europol)".

El texto, aprobado con el apoyo de 68 diputados, la oposición de tres y la abstención de cuatro, estima que "en ningún caso un Estado miembro de la Unión puede plantear la concesión del estatuto de refugiado político a un nacional de otro Estado miembro", insiste "en la necesidad de armonizar las leyes de extradición en el marco de la cooperación judicial europea", expresa "su confianza en la solución de este conflicto, habida cuenta de la voluntad expresada por el Gobierno belga y de la necesaria cooperación entre los Estados de la Unión" y encarga al presidente del Parlamento, el alemán Eggon Klepsch, "que transmita esta resolución al Gobierno del Reino de Bélgica, a la Comisión y al Consejo de Ministros de Justicia e Interior".

La resolución fue presentada por los diputados Bárbara Dührkop (Partido Socialista Europeo), Migo, Méndez de Vigo (Partido Popular Europeo), Guadalupe Ruiz-Giménez Aguilar (liberales), Guy Guermeur (Alianza Democrática Europea) y Antoni Gutiérrez Díaz (no inscrito). A última hora se desvincularon del texto los verdes y la coalición de izquierdas (comunistas ortodoxos), lo que no quiere decir que decidieran votar en contra.

La actuación del Parlamento Europeo pone en cuestión las decisiones adoptadas por el Gobierno belga que encabeza el democristiano Jean-Luc Dehaene, presidente de turno de la Unión Europea. Dehaene ha optado por no intervenir en la actuación de las instituciones de su país (tanto los tribunales de Justicia como el Alto Comisariado para los refugiados políticos), aunque se ha comprometido a recurrir todas aquellas resoluciones que fueran favorables a la concesión del tratamiento de asilado político a los dos presuntos colaboradores de ETA.

Ambos presuntos activistas, detenidos por la policía belga el 13 de junio pasado en las afueras de Bruselas, fueron liberados el pasado 8 de diciembre hasta que la oficina de los refugiados decida si son acreedores o no al tratamiento de asilados políticos. En su declaración ante el juez, la defensa de Luis Moreno y de Raquel García sostuvo que las declaraciones que les relacionan con las actividades de ETA fueron formuladas por el presunto etarra Ramón Rojo bajo los efectos de malos tratos. España ocultó a las Naciones Unidas la existencia de un informe oficial que certifica la existencia de estos malos tratos.

Precisamente el comisario belga para los Refugiados Políticos, Marc Bossuyt, afirma que su decisión de no rechazar la petición de asilo se basa en que previamente la Corte de Apelación de Bruselas se pronunció en contra de la extradición de los dos presuntos colaboradores de ETA en base a las presumibles torturas a Rojo.