El Gobierno considera inconstitucional que el País Vasco tenga una política exterior propia

El Gobierno rechazó ayer de manera contundente la propuesta del consejero secretario de la Presidencia del Ejecutivo vasco, el nacionalista Karmelo Sainz de la Maza, de disponer de una presencia vasca en las instituciones europeas. El titular de Asuntos Exteriores, Javier Solana, señaló que "es algo que no está contemplado en nuestra Constitución y, por tanto, está fuera de lo que se puede pedir", apreciación con la que coincidió anoche el ministro de la Presidencia, Alfredo, Pérez Rubalcaba. Otra fuente del Ministerio para las Administraciones Públicas afirmó: "El Gobierno nunca permitirá que se ponga en cuestión la unidad de la acción exterior del Estado".

Karmelo Sainz de la Maza reconoció que su propuesta, recogida en un informe de 96 folios, ha sido repartida a todos los consejeros del Gobierno vasco de coalición -socialistas y peneuvistas- y que hoy será debatida en una sesión del Consejo de Gobierno. Andoni Ortúzar, en nombre de Sainz de la Maza, aclaró que su departamento había enviado hace ya unas semanas un ejemplar del informe al ministro para las Administraciones Públicas, Jerónimo Saavedra. El ministro negó ayer a este periódico que él conociera el informe.Sainz de la Maza manifestó también que la propuesta que el Gobierno vasco debatirá en su sesión de hoy, martes, es "una propuesta abierta". No obstante, contó con el rechazo del Gobierno central. Un portavoz de la Administración central indicó que la propuesta de relación bilateral y permanente entre el Gobierno central y el vasco para tratar asuntos comunitarios europeos, que plantea el informe de Sainz de la Maza, es totalmente rechazable. "La bilateralidad entre el Gobierno y una comunidad autónoma no sirve para articular las relaciones con Europa, que son patrimonio de toda España", dijo un portavoz autorizado del Gobierno.

La reacción de los socialistas vascos, que comparten el Gobierno vasco con los nacionalistas, fue algo más mesurada. El vicepresidente del Gobierno regional, el socialista Fernando Buesa, manifestó que su partido presentará una propuesta alternativa al informe que pondrá sobre la mesa la parte nacionalista del Ejecutivo. Buesa dijo que la iniciativa de Sainz de la Maza "puede ser un punto de partida", y añadió que una vez debatido el tema en el Consejo del Gobierno vasco, y si se llega a acuerdos, éstos se canalizarán a través de la Conferencia Sectorial de Asuntos Comunitarios. Éste es un organismo multilateral integrado por una representación del Gobierno central y de todas las comunidades autónomas.

Precisamente, el informe presentado por Sainz de la Maza considera insuficiente este organismo y lo que exige es que se establezca una relación bilateral y permanente entre los gobiernos central y vasco para abordar los asuntos comunitarios. Un portavoz del Gobierno central rechazó ayer drásticamente esta posibilidad.

El consejero secretario de la Presidencia del Gobierno vasco justificó la iniciativa aludiendo a precedentes similares establecidos en países como Alemania, Béltica y Austria. Sainz de la Maza recordó que en 1990, siendo ministro para las Administraciones Públicas, Joaquín Almunia, concertó con el entonces consejero de la Presidencia del Gobierno vasco, el nacionalista Juan Ramón Guevara, la creación de un foro bilateral entre ambas administraciones para abordar asuntos europeos. El posterior cambio de Gobierno, en el que Almunia fue sustituido, dejó archivado el compromiso, según las fuentes nacionalistas.

Situacion kafkiana

El propio lehendakari Ardanza se refirió a esta cuestión en el pleno de política general, celebrado el pasado septiembre, y pidió abiertamente la apertura de la comisión bilateral. "Hay demasiados e importantes asuntos en juego, que afectan a la médula espinal de nuestro autogobierno. De ahí que insista en la necesidad de abrir un auténtico diálogo de Estado en torno a los cauces de participación y presencia de Euskadi en las instituciones comunitarias para defender sus competencias y sus intereses. Es insostenible seguir con el statu quo en el que desde la Administración central ni se ofrece a tiempo información sobre lo que pasa en Bruselas, ni se nos permite disponer de una representación en la Comunidad, ni se defienden adecuadamente las posiciones autonómicas, cuando no se produce la kafkiana situación de que nuestro abogado defensor ante Bruselas es el mismo que nos recurre, pongo por caso, las normas fiscales".