Bueren encontró en la sede de 'Egin' correspondencia dirigida a la consejería de Interior del Gobierno vasco
El consejero delegado de Egin, Ramón Uranga, y tres trabajadores del periódico quedaron ayer en libertad sin cargos tras declarar por segunda vez ante el juez de la Audiencia Nacional Carlos Bueren, que instruye las actuaciones sobre el registro por la Ertzaintza al rotativo vasco. El juez sorprendió a los inculpados interrogándoles por una presunta interceptación de documentos postales dirigidos al departamento de Interior del Gobierno vasco, cuando ellos iban "pertrechados" de explicaciones sobre los documentos de Incresa que aparecieron en Francia, en manos de un presunto etarra. El consejero delegado de Egin, Ramón Uranga, afirmó que el juez "se sale del sumario".
Ramón Uranga trató de restar importancia a la posible intercepción de comunicaciones por la que se interesó Bueren, y que, según el abogado de HB Iñigo Iruin, que asistió a las declaraciones, podría referirse a un delito distinto del de colaboración con ETA, por el que han sido llamados a declarar como inculpados."Me temo que sea un tema puntual de estos de tres al cuarto" dijo Uranga. "Que no da de más el sumario y entre el conjunto de cosas que ha investigado el equipo de investigación, alguna nota habrá de que andan investigando a algún miembro de Interior. Así de sencillo. Tengan en cuenta que hay muchas investigaciones, ciertamente, de ertzainas y gente de Interior".
Fuentes de la Audiencia Nacional indicaron que aún es pronto para evaluar la voluminosa documentación incautada en la sede del rotativo o para establecer la forma en que los documentos encargados por Egin a Incresa -la sociedad que le suministraba información, de la que es accionista Enrique Sarasola- llegaron a manos del etarra Pedrito de Andoain. Además, se espera que la investigación avance cuando pueda ser interrogado el jefe del equipo de investigación de Egin, Pepe Rey, convaleciente de una operación de corazón.
Cumplir las instrucciones
Según las citadas fuentes, los dos redactores del equipo de investigación de Egin Txema García y Begoña Carpete, se han remitido en sus declaraciones a que cumplían las instrucciones de Pepe Rey como responsable del equipo de investigación. Uranga y el jefe administrativo Iñaki Zapiain indicaron que ellos se limitaban a dar respaldo económico a las investigaciones de Pepe Rey, pero sin interferir su actividad periodística.Las fuentes consultadas coincidieron en que el registro no ha deparado ningún hallazgo "espectacular" y si hay algo comprometedor estará "entre la documentación incautada". "El juez no tiene prisa", añadieron dichas fuentes, que recordaron que Bueren procesó a medio centenar de miembros de la banda terrorista muchos meses después de incautar los papeles de la cooperativa Sokoa y someterlos a un detenido análisis.
El abogado de HB Iñigo Iruin, que asistió a los inculpados en sus declaraciones, dijo que tanto el juez como la fiscal no les interrogaron por los documentos de Incresa.
"Lo que hace una semana. era poco menos que señalar al diario Egin como instrumento directo de colaboración con ETA a través de la socilitud de una serie de documentos a una empresa que luego, no sabemos cómo, llegan a manos de un presunto miembro de ETA, se trastoca absolutamente. Hoy, toda la investigación deriva hacia una presunta interferencia de comunicación postal dirigida a determinados departamentos del Interior del Gobierno vasco" señaló Iruin.
El abogado de HB apeló al secreto del sumario para no ser más explícito y añadió que el propio juzgado "se había dado cuenta de que la cuestión relativa a Incresa se desinflaba". Agregó que han aportado 400 documentos relativos a otros tantos reportajes del equipo de investigación de Egin publicados en los tres o cuatro últimos años.
Según Iruin, también presentaron copia de una denuncia del pasado mayo basada en cartas dirigidas a personas o empresas investigadas a través de Incresa, y firmadas por un denominado Colectivo de Afectados por Informaciones de Egin, que, en su opinión, dejarían constancia de que los papeles estaban además en otras manos.
Ramón Uranga aseguró que el consejero vasco de Interior, Juan María Atutxa, había mentido en el número de documentos y las cantidades invertidas en los mismos y reiteró que el juez Buren, "con sus preguntas, se ha salido del sumario".
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