Los jueces ordenan a directores de cárceles que desatiendan las normas del Gobierno sobre permisos

Los jueces de vigilancia penitenciaria y el Ministerio de Justicia han abierto en los últimos meses un nuevo frente de batalla. Asuntos Penitenciarios modificó en junio pasado la normativa para conceder permisos a los presos, endureciendo las condiciones para los reclusos. Los jueces no están de acuerdo con tal modificación, que ha supuesto una reducción de un 40% en las salidas temporales de presos (en 1992 se registraron 53.029 permisos). Por ello, varios autos judiciales resolviendo recursos planteados contra la denegación de permisos incluyen una descripción de cuáles deben ser los baremos aplicables en ese terreno, claramente contrarios a las normas del Ministerio de Justicia.

Instituciones Penitenciarias modificó la normativa sobre permisos tras descubrirse que Antonio Anglés, el principal implicado en el triple crimen de la niñas de Alcásser (Valencia), había participado en ese delito tras salir de la cárcel beneficiado por un permiso temporal. A raíz de ese caso, además, se produjeron fuertes enfrentamientos entre jueces y Gobierno porque ambos se achacaban la responsabilidad de que algunos presos peligrosos disfrutaran de salidas periódicas de las prisiones.El 1 de junio, entraron en vigor los nuevos baremos para los permisos. Entre los reclusos más perjudicados, figuran los extranjeros, los drogadictos, los marginados y los violadores.

Algunos de los afectados han presentado recursos contra las correspondientes denegaciones ante los jueces de Vigilancia Penitenciaria, encargados de que se respeten las garantías jurídicas de los presos. En varios de los consiguientes autos, los jueces -que tienen la última palabra al respecto- no sólo reconocen el derecho de los recurrentes a disfrutar de permisos, sino que también incluyen instrucciones para que se modifiquen la normativa dictada por la Secretaría de Asuntos Penitenciarios, cuando al frente de la misma se encontraba el actual ministro del Interior, Antoni Asunción.

Continuas discrepancias

Buena parte de los jueces penitenciarios pretenden que dejen de aplicarse algunos baremos nuevos y, de hecho, sus autos al respecto reflejan las conclusiones de una reunión que mantuvieron hace varias semanas. En esa reunión, se pusieron de relieve las continuas discrepancias que los jueces han protagonizado en los últimos años con la Secretaría General de Asuntos Penitenciarios, coincidiendo con la permanencia de Asunción al frente del departamento.

Una de esas discrepancias ha llevado ante los tribunales, como imputado, al actual ministro del Interior, Antoni Asunción, acusado en Sevilla de aplicar "rigor innecesario a varios presos. El entonces secretario general de Asuntos Penitenciarios dictó una serie de normas de seguridad para que se aplicaran con el -grupo de reclusos que había participado en un motin en el que además fue decapitado otro preso durante los incidentes.

El juez correspondiente, de Sevilla, estimó que había "rigor innecesario" en las medidas; mientras que las autoridades del Ministerio de Justicia estimaron que eran "imprescindibles por la peligrosidad de los presos y para salvaguardar la integridad del resto de los reclusos. El proceso está pendiente de una decisión del Tribunal Constitucional para determinar si debe o no celebrarse el correspondiente juicio.

Fuentes sindicales de funcionarios de la prisión de Tenerife -lugar donde se han producido algunas discrepancias de los jueces de vigilancia con el Gobierno- han señalado que, a raíz de los sucesos de Alcásser, las juntas de tratamiento y de régimen -encargadas de emitir el informe previo a la concesión del permiso por parte del juez de vigilancia penitenciaria- han actuado con criterios mucho más restrictivos que hasta entonces en esta materia, informa Carmelo Rivero.

Recursos de los presos

Según el director de la prisión Tenerife II, Jaime Leiva, los reclusos suelen recurrir ante el juez de Vigilancia Penitenciaria cuando les son denegados los permisos. "Entonces, el juez nos solicita los informes sobre dichos internos y es él el que resuelve a tratarse de una decisión de su competencia; algunas veces decide autorizar la salida del recluso pese a nuestro criterio negativo".

Este tipo de casos se han producido en Tenerife, según el director de la prisión. "Las estadísticas nacionales reflejan que cuando los jueces actúan en contra del parecer de la Administración, los casos de quebrantamiento de dichos permisos se dispararí".

Jaime Leiva reconoció ayer que, a raíz de los sucesos de Alcásser, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias dio instrucciones de "extremar el rigor en la concesión de permisos".