El borrador de la ley de capitalidad estará listo en enero

Un pasito más. Los responsables políticos de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid acordaron ayer presentar el primer borrador de la futura ley de capitalidad de Madrid el próximo 12 de enero. La fecha, anunciada ayer tras una nueva reunión de la comisión de seguimiento de este proyecto, es en sí misma un gran avance porque se empieza a concretar la norma que deberá regular en el futuro la peculiaridad de Madrid como "una cuestión de Estado".Esta ley de capitalidad pactada entre el Ayuntamiento y el Gobierno regional poco tiene que ver, sin embargo, con las pretensiones de los gobernantes municipales del Partido Popular: confeccionar una ley especial de Madrid con muchas competencias y transferencias económicas. Todo parece indicar que el texto resultará, al final, bastante descafeinado.

Virgilio Cano, consejero de Cooperación de la Comunidad, y Luis María Huete, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento, reconocieron ayer que para agilizar el proyecto -que se discute hace años- decidieron "aparcar" sus problemas, que se centran en la demanda municipal de más financiación y competencias. "Esto se resolverá para todos los ayuntamientos en el pacto local al que se ha comprometido el Gobierno en la última asamblea de la Federación Española de Municipios y Provincias, celebrada en La Coruña", indicó Cano.

La ley de capitalidad concretará, eso sí, actuaciones concertadas entre estas dos administraciones en asuntos culturales, sociales, sanitarios, turísticos, educativos o de empleo, que ahora se prestan en muchas ocasiones de forma paralela. Cano aclaró que la Comunidad no perderá ninguna de sus actuales competenciás -especialmente las urbanísticas- fijadas por una ley orgánica de rango superior. Este aviso le sirvió a Huete para ironizar: "Una cosa es robar y otra ceder".

El borrador de la ley ordinaria de la capitalidad que se redactará en enero se debatirá a continuación en la Asamblea de Madrid en el periodo de sesiones que empezará en febrero de 1994. El texto ya acordado por los partidos políticos será aprobado por el Congreso de los Diputados y por el Senado ya posiblemente en 1995.