Defensa pide que se indague la falsificación de facturas entre funcionarios civiles

El Ministerio de Defensa ha pedido a la Intervención General del Estado que investigue la extensión del fraude de las facturas falsas en otros departamentos. Los responsables de Defensa están convencidos de que el escándalo de la falsificación de los justificantes precisos para cobrar las dietas de alojamiento, en el que aparecen implicados miles de militares y miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado, no es un fenómeno exclusivo de dichos cuerpos, sino generalizado en la Administración.

Desde 1988, los funcionarios civiles y militares deben presentar la factura correspondiente para cobrar la dieta de alojamiento (de 5.300 a 7.500 pesetas diarias) en sus viajes de trabajo. El diario El Mundo reveló el día 16 que una empresa, Viajes Turiben de Albacete, falsificaba masivamente facturas de hoteles a cambio de una comisión del 12%.Mientras el juzgado de instrucción número 5 de Albacete prosigue las diligencias sobre el caso y mantiene en prisión al propietario de la empresa, el brigada del Ejército del Aire Jorge Salvago, el ministro de Defensa, Julián García Vargas, ha ordenado revisar todas las órdenes de viaje de este año y los anteriores. La investigación se ha ampliado a otras agencias de viaje, incluida alguna de ámbito nacional, aunque hasta ahora no se han demostrado irregularidades en sus facturas.

Defensa centra sus pesquisas en localizar a los delegados de Viajes Turiben en las unidades, pues hay pruebas de que algunos militares se dedicaban a canalizar las solicitudes y a distribuir las facturas falsas entre sus compañeros. Según fuentes de dicho departamento, se trata sobre todo de castigar a los "inductores" del fraude, más que a quienes se hayan beneficiado ocasionalmente.

Las posibilidades de actuación de Defensa son, sin embargo, limitadas. Al márgen de lo que resuelvan los tribunales, la vía disciplinaria sólo puede aplicarse a los fraudes cometidos este mismo año, aunque hay facturas falsas desde, al menos, finales de 1991. La ley displinaria señala que las faltas leves prescriben a los dos meses y las graves, a los seis "contados dichos plazos desde el día en que se hubiesen cometido". Los plazos sólo se interrumpen tras la apertura de expediente.

García Vargas ha anunciado que exigirá la devolución del dinero a todos los militares que no puedan justificar su gasto. Defensa cuenta este año con unos 13.000 millones de pesetas para el pago de indemnizaciones por razón del servicio, que incluye las dietas de transporte, manutención y alojamiento. Esta partida, que no se ha reducido en los últimos años, sufrirá un recorte del 25% en 1994.