Un gesto positívo

LA DECISIÓN del Alto Comité de Estado de Argelia (ACE) -la presidencia colectiva de la República- de suspender la aplicación de las penas de muerte dictadas por los tribunales militares afecta de modo inmediato a 300 islamistas condenados por terrorismo. Supone un cambio de orientación política fundamental para poder plantear, en un terreno de negociación, la salida del círculo vicioso en el que el país se está deshaciendo.El clima de guerra civil en las ciudades es cada vez más evidente. Por un lado, el terrorismo islámico causa bajas constantes entre las fuerzas policiales y ataca también a intelectuales y profesionales. Por otro, ya nadie puede negar, ante la abundancia de ejemplos, que la tortura es empleada por las fuerzas policiales contra los acusados de terrorismo.

Hasta ahora, la Comisión de Diálogo, creada para preparar entre todas las fuerzas políticas una solución de concertación que restablezca una normalidad democrática, ha logrado resultados escasos. Teniendo en cuenta el sistema de poder que funciona en Argelia, el peso de esta comisión es importante porque en su seno hay tres altos mandos militares que, obviamente, no actúan de forma aislada. Pero para que el diálogo tenga alguna eficacia necesita involucrar en el mismo al Frente Islámico de Salvación (FIS), gran fuerza religiosa y política que demostró su capacidad electoral en la última consulta de 1991 al obtener la mayoría de los votos.

La decisión del ACE de dar rango oficial a las negociaciones con los dirigentes del FIS que no estén perseguidos por la justicia significa, en definitiva, que el propio Ejército, o cuando menos el sector con mayor influencia política, ha optado en favor de la búsqueda de soluciones pacíficas. Es en ese contexto en el que se debe incluir la suspensión de las ejecuciones, lo que a su vez coadyuva a profundizar en los intentos pacificadores.

En las recientes declaraciones que hizo en Madrid el secretario general del Frente de Fuerzas Socialistas, Ait Ahmed -que lleva un año de exilio voluntario por su desacuerdo con la política del Gobierno-, pedía al Ejército que ofreciese un gesto en favor de la reconciliación. Ello ratifica el que, al margen de los que desean llevar hasta el exterminio la lucha contra el integrismo, la decisión del Alto Comité de Estado de poner fin a los aspectos más crueles de la represión -y de abrir el diálogo con los islamistas- es una reivindicación que encuentra un apoyo cada vez más amplio entre la ciudadanía argelina.

Pese a ello, no se deben ocultar las enormes dificultades que tendrá que superar esta política para lograr los resultados apetecidos. Es esencial saber qué sector del islamismo está dispuesto al diálogo y hasta qué punto tiene influencia y capacidad para frenar las acciones terroristas. En sí, toda la operación de negociar con el FIS -lo que supone ofrecerle un espacio en la Situación democrática que surja del diálogo- está llena de riesgos e incertidumbres. Sin embargo, Argelia vive un presente tan sumamente complejo por sus circunstancias económicas, políticas, sociales y religiosas que cualquier atisbo de superación pacífica de los problemas se convierte en una necesidad apremiante.