El Gobierno chileno pide que un juez del Supremo se haga cargo del 'caso Soria'

El Gobierno chileno pidió el pasado jueves a la Corte Suprema de Santiago que nombre en su seno a un juez especial para investigar la muerte en 1976, a manos de la DINA, la policía secreta del régimen militar, del español Carmelo Soria, diplomático de la CEPAL (Comisión de la ONU para América Latina). El Ejecutivo de Santiago respondía así a la petición en este sentido efectuada unos días antes, por vía diplomática, por el Gobiemo español.

Este requerimiento responde a la voluntad de ambos Gobiernos de evitar que el caso se quede en manos de la justicia militar, lo que supondría, según lo han demostrado múltiples precedentes, el entierro definitivo del expediente. La semana pasada, una sala -tradicionalmente favorable al fuero militar- de la Corte Suprema había decidido el traspaso del caso Soria del juez de instrucción civil que lo seguía a la jurisdicción castrense.

Si la Corte Suprema -esta vez en sesión plenaria, donde la correlación de fuerzas suele ser distinta y más favorable a los civilistas- decide ahora que uno de sus propios magistrados se haga cargo del expediente, los militares no podrán plantear nuevo conflicto de competencias.

En el caso de Orlando Letelier, el ex canciller de Salvador Allende asesinado en Washington en compañía de una ciudadana norteamericana, la Corte Suprema chilena había accedido a una petición semejante del Gobierno de Estados Unidos, lo que permitió que por primera vez, el general retirado Manuel Contreras, ex jefe de la DINA, y el jefe de operaciones de la organizacion, el brigadier Pedro Espinosa, fueran condenados a penas de prisión.