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Tensión con Uruguay por la negativa a extraditar a presuntos miembros de ETA

La negativa de los jueces uruguayos a extraditar a tres presuntos etarras -Pedro Gómez López, Jesús María Lariz y Miren Agutzane Delgado-, detenidos en mayo de 1992 en Montevideo junto a otros 10 supuestos colaboradores de ETA, ha enturbiado las relaciones diplomáticas entre los dos países.

El Ministerio de Exteriores español entregó el martes al embajador de Uruguay en Madrid, Julio Aznárez, una nota de protesta en la que mostraba su "sorpresa" por la decisión, que calificaba de contraria a lo dispuesto en el tratado de amistad y cooperación, y advertía que la misma "puede empañar la colaboración" entre Uruguay y España.

Fuentes diplomáticas españolas admitieron que la nota estaba redactada "en términos enérgicos" y que su entrega había sido "dolorosa, porque hay magníficas relaciones entre los dos países".

La reacción de las autoridades uruguayas no se ha hecho esperar. El embajador de España en Montevideo, Salvador Bermúdez de Castro, fue convocado el jueves por el Ministerio de Exteriores de dicho país, después de que el propio presidente, Luis Alberto Lacalle, se reuniese con su embajador en Madrid para analizar el conflicto.

"La protesta española causó preocupación, pero el Gobierno no va a emitir pronunciamiento sobre decisiones que son competencia exclusiva del Poder Judicial", dijeron fuentes de la cancillería uruguaya a Efe.

España solicitó la extradición de ocho de los presuntos etarras detenidos en Montevideo. Los jueces uruguayos han concedido la extradición de dos, Miguel Ibáñez Oteiza y José María Goitia, que serán entregados cuando cumplan su condena, y los otros tres están pendientes de recurso.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 27 de noviembre de 1993