El juez Moreiras anula la fianza de 3.500 millones impuesta Banco Santander por las cesiones de créditos

El juez de Delitos Monetarios, Miguel Moreiras, anuló ayer la fianza de 3.500 millones de pesetas que había impuesto al Banco Santander para asegurar las responsabilidades civiles subsidiarias que pudieran declararse como consecuencia de su intervención en el caso de las cesiones de crédito.El magistrado afirma en el auto dictado ayer que la conducta de algunos de los empleados y directivos del Banco Santander mantiene "la consideración de fiscalmente delictiva" por lo que es procedente la declaración de responsable civil subsidiario de los perjuicios ocasionados al Tesoro Público. Sin embargo, Moreiras precisa que se ha constatado que una parte significativa de los titulares de las cesiones de crédito ha regularizado su situación fiscal y se tiene la casi certeza de que el Banco Santander no va a eludir sus responsabilidades por lo que anula la fianza.

El juez impuso en diciembre del año pasado una fianza de 8.000 millones de pesetas al Banco Santander por cesiones de créditos realizadas durante los años 1986 a 1989 que afectaban a 49.000 operaciones en las que se pudo incurrir en delito fiscal. Moreiras la anuló pocos días después porque no se había cuantificado totalmente la cuantía del fraude a Hacienda. Posteriormente, el fisco aportó al juzgado una remesa de datos sobre la defraudación de clientes del Santander, que supuso por parte del juez la imposición de una nueva fianza, por 3.500 millones.

El abogado del Banco Santander, Horacio Oliva, presentó a su vez un escrito en el que aseguraba que de los 401.503 millones de pesetas a que ascendía el total nominal de las operaciones de cesión de crédito, los clientes del banco habían regularizado 387.244 millones, lo que suponía el 96,9 %. Y respecto a los 8.592 millones correspondientes a incrementos de patrimonio producidos por las operaciones, se habían regularizado 8.323 millones, equivalente al 96,9 %. Únicamente quedaba por regularizar 262 millones. El Banco Santander argumentaba que aplicando un tipo del 20 o el 25 % a esos 262 millones, más los intereses de demora, resultaría un total aproximado de 75 millones, que es la única cantidad hipotéticamente exigible al banco como responsabilidad civil.

El juez Moreiras sostiene en su resolución que no está acreditado que la regularización fiscal de los clientes del Banco Santander se haya hecho en una proporción tan elevada como dice el banco. También afirma que ha quedado claro que las cesiones de crédito tal y como las hizo el Banco Santander no se ajustaban a la legalidad tributarla vigente y fueron concebidas y utilizadas "como un instrumento para facilitar a sus clientes la defraudación a Hacienda".

Agrega Moreiras que la conducta falsaria del banco se vio confirmada con el envío a Hacienda de listados de titulares que resultaron falsos en muchas ocasiones. "Falsedad", destaca el auto, "que se cometió con la intervención deliberada y consciente de algunos empleados del citado banco con conocimiento de algunos de sus superiores Jerárquicos, sin otra finalidad que la de ocultar a la Administración Pública Tributarla datos que podían tener y de hecho tenían relevancia impositiva".