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La burocracia regional ha tardado ocho meses en avalar 100 millones a seis empresas en crisis

La crisis económica avanza; los mecanismos creados para combatirla apenas despegan. El Servicio de Apoyo a Empresas en Crisis (Saecri), creado por el Gobierno regional y formado también por empresarios y sindicatos, ha tardado ocho meses en conceder los primeros avales para empresas en crisis; en total, 100 millones para seis compañías. Desde otro lado, el Consejo Económico y Social (CES) de Madrid, que tiene como misión emitir informes socioeconómicos no vinculantes, se revela como poco operativo y ni siquiera ejecuta todo su presupuesto.

La Consejería de Economía, bajo el paraguas del Pacto por la Industria, concedió la pasada semana los primeros avales para media docena de empresas en crisis que necesitan pedir préstamos. La consejería no ha especificado de qué empresas se trata porque ello originaría inmediatas reclamaciones de sus acreedores.El Pacto por la Industria se negoció en febrero de este año entre la Comunidad de Madrid, los sindicatos y la patronal; y creó el Servicio de Apoyo a Empresas en Crisis (Saecri). Este instrumento ofrece ayudas financieras y de orientación a las pequeñas y medianas empresas en dificultades, siempre que tengan menos de 250 trabajadores, facturen menos de 2.500 millones y lleven funcionando más de tres años, entre otros requisitos.

Hasta ahora han acudido 81 empresas madrileñas al Saecri solicitando ayuda, fundamentalmente del sector industrial y subsidiarias de sectores como automoción y tecnología electrónica. La mayoría cuenta con plantillas de entre 18 y 25 trabajadores. De todas ellas, casi 30 han sido analizadas a fondo por la comisión consultiva, "porque se trata de premiar al buen empresario y no estar subsidiando a empresas que han cometido errores", explican miembros de esta comisión formada por representantes de la Consejería de Economía, la patronal madrileña (Ceim) y los sindicatos UGT y CC OO.

La criba final corre a cargo de Avalmadrid (entidad que elabora estudios de rentabilidad). El último filtro lo han pasado media docena de empresas, que han conseguido entre todas avales por 100 millones.

Rok, sin ayuda

La Consejería ha negociado unas líneas de crédito con la patronal bancaria, con las cajas de ahorros y con Argentaria (banca pública) para que mejoren su oferta crediticia. Economía cuenta este año con más de 24.000 millones para promoción y ayuda a empresas. La directora general de Economía, Julia Sánchez-Valverde, no ha querido precisar la cantidad de dinero de que dispone el Saecri concretamente para conceder ayudas (la CE prohíbe las subvenciones directas a empresas).

Una de las empresas que han acudido al Saecri es la fábrica de vaqueros Rok, que plantea reducir drásticamente su plantilla de 261 trabajadores. La comisión consultiva decidió el pasado viernes que Rok no es "el caso para el que está diseñado este programa empresarial". La mesa central del Pacto por la Industria tendrá que resolver este problema.

Peleas en el CES

El Consejo Económico y Social (CES) madrileño, organismo que nació en 1992 y que está compuesto por técnicos designados por el Consejo de Gobierno de la Comunidad, los sindicatos y la patronal, rinde menos de lo esperado, aunque cada uno espera una cosa diferente de este organismo encargado de redactar informes sobre la situación económica y social.De los 200 millones de pesetas presupuestados por la Comunidad de Madrid para el funcionamiento del CES, se ha empleado la mitad, según el sindicato CC OO; el 80%, según el presidente del CES, Miguel Ángel Díaz Peña. No se gasta el dinero porque no se acometen proyectos de envergadura, aseguran los sindicatos. "Es que estamos empezando", explica Díaz Peña y justifica la patronal. La estructura "presindencialista" y el carácter "acaparador" de Díaz Peña, ex asesor de Leguina, es una de las causas, según UGT y CC OO, de que el CES se mantenga en una línea poco crítica con el Gobierno regional. Díaz Peña alega que la estructura del CES, presidencialista o no, se aprobó por unanimidad de los integrantes del Consejo: nueve miembros de los sindicatos -cinco de CC OO y cuatro de UGT-, nueve miembros de la patronal madrileña y nueve técnicos elegidos por el Consejo de Gobierno.

De todas las críticas vertidas contra el CES por sus propios miembros, la única en la que todos coinciden es en la escasa profundidad de los dictámenes del organismo, que tiene una misión consultiva y no vinculante.

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