Pacto local de Estado

Recién clausurada en La Coruña la asamblea general extraordinaria de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), al hilo de sus interesantes trabajos y de sus acertadas conclusiones, surgen una serie de reflexiones como aportación en positivo al debate. Y es prioritario comenzar por aplaudir la petición unánime de sus compromisarios de un pacto local de Estado que redefina y refuerce el papel de los ayuntamientos y así dejen éstos de ser el cuarto trastero del edificio constitucional.Hablar de pacto local es ir más allá de concretar porcentajes de participación de las Administraciones locales en la recaudación tributaria del Estado. Se trata de dar un impulso serio al municipalismo, de reforzar el papel que juegan los ayuntamientos para que alcancen el peso específico y el protagonismo que se merecen tener en nuestro país.

Resulta francamente alentadora, en este sentido, la intervención del ministro de Administraciones Públicas, Jerónimo Saavedra, en la asamblea de la FEMP. Su apoyo a este pacto local, que precise el modelo financiero y competencial en que han de basarse los ayuntamientos, es un primer paso muy importante para el desarrollo y consecución del propio pacto local de Estado, especialmente si se concreta, en la formación de mesas negociadoras.

Es del todo comprensible, sin embargo, la actitud de los más de 1.000 alcaldes que participaron en estas jornadas de trabajo, cuando urgen al Gobierno a que dé soluciones rápidas, y ponen dos meses como plazo para resolver lo más acuciante: la deuda acumulada por los ayuntamientos -que sobrepasa los dos billones de pesetas- y la consecución de un nuevo sistema financiero local.

Son los Gobiernos municipales los que tienen que hacer frente a los problemas más inmediatos de los ciudadanos. De ahí que se requieran soluciones. urgentes. Sobre todo si tenemos en cuenta que existe desde siempre corresponsabilidad fiscal, puesto que los ayuntamientos recaudan impuestos del calibre del IBI o el IAE, y que su participación en el gasto público del Estado apenas supera el 14%, frente al 22,8% de las comunidades autónomas, porcentaje que llegará al 34% en cuanto se completen las transferencias previstas por el pacto autonómico.

Una vez sentados estos principios globales conviene ahora hacer precisiones y salvedades. Porque no todos los ayuntamientos tienen exactamente los mismos problemas y, lo que es más importante, no en todos se gobierna de igual manera. El pésimo estado financiero del Ayuntamiento de Madrid es una consecuencia directa de la nefasta gestión del equipo del Partido Popular.

En los dos primeros años de mandato de la derecha (1989-1991), durante el Gobierno de coalición PP-CDS, su gestión sólo puede calificarse de electoralista y oportunista. Los gastos corrientes crecieron 11 puntos por encima de los ingresos en este periodo, en un claro afán de ofrecer muchas cosas a los madrileños y así ganar las elecciones municipales de 1991. De ahí que aumentaran el sector público de 222.000 a 330.000 millones, que no subieran los impuestos, que efectuaran inversiones aceleradas artificialmente para inaugurar obras antes de los comicios o que se dedicaran a vender parte del gran patrimonio municipal. Por todo ello, la deuda municipal pasó de 47.000 millones en 1988 a 140.000 en 1991.

Fue entonces cuando el Partido Popular comenzó a gobernar con mayoría absoluta y a enseñar su verdadera cara. Una vez instalados en el poder no les ha importado incumplir su programa electoral, subiendo frenéticamente impuestos, tasas y tarifas municipales. En el caso del IBI, el incremento ha alcanzado el 37,8% y en el del IAE el 65%. Al mismo tiempo, continúan creciendo los gastos corrientes y la deuda sigue aumentando vertiginosamente y asciende ya a 221.115 millones. En este sentido, conviene recordar que la derecha recibió en 1989 un Ayuntamiento con una deuda total que suponía el 33% de los ingresos corrientes y ha logrado que pase a ser, actualmente, el 120% de los mismos.

Pero es que, además, entre 1991 y 1993 los programas culturales se han reducido de 8.508 a 4.630 millones, los de juventud y aire libre de 656 a 335 millones, el de atención a mayores ha disminuido en un 5,6%, las escuelas infantiles un 28,4%, el ingreso madrileño de integración un 44, 1 % y el programa de fomento de empleo un 71,2%, bajando de 2.780 millones a 800.

Por otra parte, las transferencias del Estado han ido aumentando considerablemente en estos años. Así, el Ayuntamiento de Madrid recibía 45.464 millones en 1988 por este concepto y en 1992 ha ingresado 80.070 millones, cifra similar a la que espera embolsarse este año. Y hay que añadir los crecientes intereses de la deuda, que han pasado de suponer 5.361 millones en 1989 a 27.930 en el presente año.

Tras este contundente análisis de la realidad, parecen un tanto desmedidas las duras palabras del alcalde, José María Álvarez del Manzano, en la asamblea de la FEMP, cuando asegura "estar ahíto de promesas" y exige que "le paguen", para inmediatamente llegar a cuestionar, incluso, la eficacia de la propia FEMP, poniendo por delante la reunión de los alcaldes de las siete grandes ciudades españolas. No es ésta la mejor manera de contribuir a paliar las dificultades innegables por las que pasa toda la Administración local de nuestro país.

Nadie niega los especiales problemas propios de las ciudades grandes, pero la peor solución es pretender enfrentarlos con los de las pequeñas. Se trata de acercar posiciones, no de incrementar distanciamientos. Al menos, eso pensamos los que apostamos decididamente por dar un gran impulso al municipalismo, con un pacto local de Estado que coloque a nuestro país en la línea de esa Europa de las ciudades que todos deseamos.