Caza al delincuente en Cuba

El deterioro progresivo de la situación económica y la caída de los niveles de vida de la población están provocando fuertes tensiones en Cuba. Junto a las quejas y críticas cada vez más abiertas de la gente en colas, paradas de autobús o reuniones familiares, la delincuencia ha crecido sensiblemente en los últimos meses, experimentando un alza alarmante en el caso de los delitos de robo con violencia y el hurto y sacrificio ilegal de ganado mayor. Para frenar esta tendencia, el régimen ha incremenado el número de policías en las calles -en septiembre, 1.225 nuevos policías fueron destinados a La Habana- y ha endurecido su política penal y de prevención de delitos.Peligrosidad social

El robo con violencia y el hurto y sacrificio ilegal de ganado mayor son los dos delitos que más se han incrementado en Cuba desde 1992, cerca del 25% y el 19%, respectivamente. Debido a ello, la Fiscalía General de la República considera que, junto a los delitos contra la economía nacional, éstos son los hechos que afectan más gravemente a la débil economía del país y crean un clima de inseguridad ciudadana, por lo cual deben ser castigados severamente.

Así, por ejemplo, el robo de 645 cajas de puré de tomate de un almacén estatal en el barrio habanero de Boyeros -para el cual se falsificaron documentos- les costó a los implicados sanciones de 4 a 10 años de cárcel. El Tribunal Provincial de La Habana estableció que este hecho revestía "una alta peligrosidad social", pues revelaba un marcado interés de lucro personal a partir de la apropiación de bienes deficitarios en el mercado interno de gran demanda y destinados al consumo de la población".

El propio ministro de Justicia, Carlos Amat, reconoce que, en el caso de los delitos contra la economía nacional, las sanciones se han endurecido desde el año pasado. "En 1988, sólo el 21% de los acusados por estos delitos fue sancionado con privación de libertad entre tres y seis años. En 1992, este porcentaje se elevó a cerca de un 45%". Las sanciones de más de 12 años de cárcel, que en 1988 eran prácticamente inexistentes, se aplicaron el año pasado a cerca del 12% de los delitos contra la economía nacional.

Desde luego, el peso del delito económico es muy grande en Cuba, como lo demuestra el hecho de que el 30% de todos los alimentos producidos en la provincia de La Habana son robados y desviados al mercado negro. Pero lo que más preocupa ahora a las autoridades es el masivo incremento experimentado desde principios de verano -cuando se intensificaron los apagones- de hechos, como el robo de bicicletas, los tirones y atracos a turistas, los hurtos y otros delitos menores que estaban amenazando con desbordar a la policía, según informó a EL PAÍS una fuente del Ministerio de Justicia.

Para enfrentar esta situación, sobre todo en La Habana, donde se produce el 25% de los delitos de todo el país, el Estado respondió incrementando la presencia policial en las calles y convocando cursos para agentes de seguridad -en noviembre comenzó uno en el que la matrícula es de 2.300 personas-, así como endureciendo la política penal con estos delitos.

Ejemplo de esta política es el caso de Julio César Fernández, condenado a ocho años de cárcel por entrar en una casa a robar una bicicleta y golpear a su dueño cuando éste intentó impedirlo. El fiscal, al hacer su solicitud, valoró la alta peligrosidad social de estos actos, que se cometen con frecuencia en el territorio y "están causando el temor y la irritación del pueblo".

Sin embargo, el instrumento principal -y el más polémico- que está utilizando el régimen cubano para detener el crecimiento de la delincuencia y para evitar los "actos de vandalismo" y la "proliferación de lumpens y antisociales" en las calles es la aplicación inflexible de la "peligrosidad". La peligrosidad es, según el Código Penal cubano, la "especial proclividad" de un sujeto para cometer delitos, "demostrada por la conducta que observa en contradicción manifiesta con las normas de moral socialista". La sanción, que se impone en caso de que el sujeto manifieste una conducta antisocial -no trabaje, se emborrache, participe en riñas, etcétera- puede ser de uno a cuatro años de cárcel.

Desde el 20 de agosto al 1 de noviembre cerca de 2.500 personas han sido enviadas a la cárcel por su "peligrosidad", cifra que supera la de todas las causas erradicadas el año pasado por este motivo.

EL PAÍS asistió recientemente a varios juicios en el Tribunal Municipal de Centro Habana. Se juzgó a siete personas, que llegaron al tribunal esposadas y atadas entre ellas con una cuerda, pues, como no había gasolina, la policía las trasladó a pie por la calle de la Salud desde la comisaría, situada a unos 800 metros del tribunal.

Los juicios fueron rápidos, y, aunque algunos de los acusados no tenían siquiera antecedentes penales, todos fueron condenados. Sólo uno fue sancionado a un año de cárcel, y otro a dos años, el resto cumplirá condenas de tres y cuatro años de privación de libertad. A todos se les acusó de no trabajar, participar en riñas, perturbar el orden, entre otras cosas menores.