La Asociación Profesional de la Magistratura reclama el derecho a la huelga

El reconocimiento del derecho de huelga para jueces y magistrados excluido en el último proyecto de Ley de Huelga- es una de las conclusiones que se someterá a la aprobación del centenar de compromisarios que asistirá al 100 Congreso Nacional de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria y conservadora, que se inicia hoy en Madrid y que el próximo sábado clausurará el ministro de Justicia, Juan Alberto Belloch. Otras ponencias piden un código deontológico para los periodistas y critican el cambio socialista en materia de justicia.Una de las ponencias elaboradas por la sección de Madrid plantea que el derecho de huelga, "como cualquier derecho fundamental", al no estar constitucionalmente restringido, "únicamente admite limitaciones que respeten su contenido esencial". La ponencia parte de que los jueces son funcionarios públicos, por lo que no tienen por qué ser excluidos de un derecho reconocido a los mismos.

En cuanto a la consideración de titulares del poder judicial, la propuesta de conclusión dice así: "El reconocimiento del derecho a la huelga de jueces y magistrados no afecta a su consideración de representantes de uno de los tres poderes del Estado, en tanto su ejercicio nunca puede menoscabar la función que desempeñan, sino que, por el contrario, se relaciona con la defensa de sus legítimos intereses en aquellos otros aspectos en los que se depende de los restantes poderes, sin actuar en el ejercicio de la jurisdicción".

Información y jurado

La ponencia de la sección de Baleares, elaborada por el magistrado Juan Manuel Sobrino, advierte contra la influencia periodística sobre los hechos pendientes de juicio que "puede perturbar gravemente las investigaciones policiales y judiciales por la información morbosa, tendenciosa y de espectáculo que se haga de dichos hechos, revelando datos que afecten al secreto del sumario". Especialmente avisa del riesgo de influencia de tales informaciones o reality shows sobre los miembros del futuro jurado, dada su "mayor permeabilidad", asegura, "a las noticias tendenciosas y falaces".

La ponencia de la APM se pronuncia a favor del secreto del sumario, como excepción legal al principio general de publicidad de las actuaciones judiciales establecido por la Constitución. Pide reformas legales que protejan el secreto, y propugna la creación de consejos de prensa, así como la elaboración de un código deontológico de los profesionales de la información "que establezca los principios por los que se ha de regir la profesión periodística, para que no se produzcan hechos tan lamentables".

Otra de las ponencias critica el "cambio socialista" en relación con la justicia, en especial la introducción del sistema parlamentario de elección de los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que vincula a "la ceguera, la falta de previsión política, el oportunismo y la ignorancia" de sus promotores, que les condujo al "despojo" de las competencias del CGPJ.