El problema del paro español

Según los últimos datos de la encuesta de población activa (EPA), hay en España cerca de 3,4 millones de parados, un 22,3% de la población activa. Eso sitúa a nuestro país a la cabeza de la OCDE. Y, sin embargo, este nivel de desempleo no genera grandes convulsiones sociales ni parece ser objeto de una gran movilización social. ¿Por qué?En primer lugar, la sociedad española no parece creerse esas cifras de paro. La experiencia cotidiana del fraude lleva a muchos (¿todos?) a ser escépticos. Sólo daré un dato: la EPA del segundo trimestre de 1993 recoge entre los ocupados a 65.000 personas que están percibiendo prestaciones por desempleo y a otros 290.000 perceptores como inactivos (por no buscar activamente empleo). Así pues, aunque nos parezca imposible, la mayoría de los sumergidos y presuntos defraudadores seguramente son clasificados correctamente por la EPA, cuyas cifras resultan, después de todo, bastante fiables.

En segundo lugar, el desempleo en España ha sido soportado mediante mecanismos de redistribución de la renta: primero, mediante los cuantiosos desembolsos en prestaciones por desempleo, que en 1993 alcanzarán una cifra cercana al 4% del PIB; y segundo, gracias al apoyo de las familías; en dos de cada tres familias en las que hay algún parado, hay al menos otro miembro de la familia que tiene empleo y en la mitad de las restantes hay al menos un perceptor de prestaciones por desempleo.

Las perspectivas futuras no son optimistas. Puede estimarse que para alcanzar una tasa de paro del 10% dentro de diez años sería necesario crear como mínimo 3,5 millones de empleos, lo cual, aunque no es imposible, parece bastante dificil en las circunstancias actuales.

¿Qué se puede hacer, entonces? En primer lugar, parece indispensable mantener la protección por desempleo, pero sólo para las familias que realmente lo necesiten. ¿Hasta cuándo puede España permitirse dedicar cantidades astronómicas a prestaciones por desempleo que tienen un coste de oportunidad enorme desde el punto de vista de otros gastos públicos o de la reducción de un déficit público cuya magnitud real parece desbocada?

En segundo lugar, la sociedad española debe preguntarse si realmente quiere dar empleo a las personas que desean trabajar. Si la respuesta es afirmativa, la única solución es el reparto del escaso trabajo que cabe esperar que haya (en relación con los que desean trabajar). A título de ejemplo, el debate sobre lajornada,de 32 horas que está teniendo lugar actualmente en Francia, aunque seguramente no es trasladable, indica una preocupación social que aquí no existe.

Quizá haya llegado el momento de plantearse reformas radicales de todo el entramado social. Muchas de ellas tropezarán con la resistencia de algún sector de la sociedad, porque conllevarán la implantación de unos mecanismos de distribución de la renta (y del trabajo) diferentes de los actuales. Pero quizá el problema consista precisamente en que muchas instituciones sociales (entre ellas, desde luego, eso que llamamos el mercado de trabajo, y también el sistema tributario) no son capaces de resolver adecuadamente los conflictos redistributivos, que acaban plasmándose en un gasto público excesivo e, indudablemente, en el insostenible nivel de paro que existe actualmente.