Decenas de diputados renuncian a otros cargos para mantener el escaño

Varias decenas de diputados han renunciado a actividades privadas -participación en consejos de administración de ciertas empresas o labores profesionales y de asesoría- para poder mantener el escaño en el Congreso, según indicaron ayer diferentes fuentes de la Comisión del Estatuto del Diputado, que analiza a puerta cerrada la compatibilidad de los negocios personales de los parlamentarios.

Los diputados han tenido que abandonar consejos de administración de empresas privadas que comercian con las administraciones públicas, dejar asesorías de entidades financieras y renunciar a un sueldo público cuando ostentan más de un cargo en la Administración o bien limitar sus actividades profesionales, en el caso de los abogados.El Pleno del Congreso ha dado el visto bueno a la situación de 300 diputados -170 de ellos en la reunión de ayer-, por lo que faltan 50 miembros de la Cámara por refrendar sus actividades. El visto bueno a la lista de ayer de 170 parlamentarios se dio por asentimiento de los parlamentarios presentes en la sesión, secreta como todas las actividades de esta comisión.

Esta relación correspondía a los casos vistos en la reunión que la misma mantuvo la semana pasada, mientras que los analizados anteayer se verán en un pleno posterior. La cincuentena de casos aún pendientes responden a que la comisión o bien no ha tenido tiempo de examinar por completo su expediente o tiene dudas sobre la compatibilidad entre la actividad privada y la pública, por lo que ha pedido mayores aclaraciones, o espera a que el afectado renuncie a la primera antes de instarle a elegir entre negocio y escaño.

Actividades dudosas

Álvaro Cuesta, representante socialista en la comisión, declaró en los pasillos del Congreso que en esa cincuentena hay miembros de consejos de administración que mantienen algún tipo de relaciones con empresas públicas, mientras que la veintena de parlamentarios a la que se les ha pedido más aclaraciones se debe a las citadas dudas sobre el contenido de sus actividades privadas.

Uno de los casos pendientes sobre el que la comisión deberá pronunciarse la próxima semana, según fuentes de la misma, es el de la diputada socialista por Badajoz María Dolores Sánchez Díaz, que forma parte de los órganos de dirección de la Caja de Ahorros de esa provincia. También ofrecen dudas sobre su compatibilidad los casos de, Enrique Curiel, diputado socialista que colabora en una tertulia de Radio Nacional, y Joaquima Alemany i Roca, parlamentaria por CiU y responsable del Institut de la Dona, entre otros.

La comisión ha declarado compatibles ya a los parlamentarios del PP Luis Gámir y Jaime Ignacio del Burgo, después de que ambos han garantizado que las empresas de cuyos consejos de administración forman parte no mantienen relaciones comerciales con las administraciones públicas.