El final de 70 años de koljoses

El decreto firmado ayer y que fija de forma clara, real y práctica la propiedad privada de la tierra ha resultado muy difícil de aprobar, porque en torno a él hubo una encarnizada lucha de diferentes concepciones sobre la reforma agraria en Rusia. De ahí que, en las últimas semanas, el texto del decreto hubiera ido como una pelota del Kremlin al Gobierno y del Gobierno al Kremlin.Dentro del mismo Ejecutivo, las tensiones también fueron muy fuertes, porque se trataba de una cuestión muy complicada, con enormes implicaciones. Téngase en cuenta que en Rusia ha habido dos intentos inconclusos de hacer una reforma agraria liberalizadora: el primero, tras la abolición de la servidumbre en 1861, y el segundo, a principios de siglo, bajo la égida del político reformista Piotr Stolipin. La privatización verdadera de la tierra supone la reinversión de la colectivización agrícola que se inició en los años veinte y que ha durado hasta hoy.

La situación agrícola en Rusia es hoy la siguiente: los koljoses y sovjoses, las formas colectivas de explotación agrícola en las que se basaba el sistema soviético (un total de 26.700 explotaciones en Rusia), tienen en su poder el 90% de las tierras cultivables de la Federación Rusa, que en su conjunto son algo más de 168 millones de hectáreas. Las explotaciones individuales ocupan hoy el 3,9% de las tierras cultivables.

Del decreto que Yeltsin ha firmado, y cuyos detalles todavía se desconocen, se esperaba la eliminación de todas las limitaciones que hoy impiden la compraventa de tierra. Estas limitaciones no permiten, formalmente hablando, que los usufructuarios de la tierra puedan considerarse como sus verdaderos propietarios. Hay que distinguir entre terreno agrícola de verdad, por una parte, y los pequeños solares donde están construidas las dachas y casas de campo, por otra. Estos solares (que no van más allá de huertos y jardines) se compran y se venden -como soportes físicos de los inmuebles construidos sobre ellos, pero nada más- en base a una normativa adoptada por el Parlamento en julio de 1993.

La legislación sobre la tierra es un verdadero galimatías donde los conceptos no acaban de coincidir con los conceptos occidentales para los mismos términos. Si dejamos aparte las varias categorías en que está dividida la tierra (urbana, industrial, forestal, etcétera) y nos centramos únicamente en la tierra para uso agrícola, la posibilidad formal de ser propietario no supone la posibilidad legal de vender. En la práctica, todos han hecho lo que les venía en gana.

La Constitución de la Federación Rusa (la que Yeltsin se ha cargado) preveía la propiedad privada de la tierra, y lo mismo ocurre con el Código de la Tierra, que data de 1991. Sin embargo, hay limitaciones, siendo la principal que las operaciones de compra y venta de la tierra estaban bloqueadas por 10 años para la tierra recibida gratuitamente del Estado por los ciudadanos. También estaban bloqueadas por cinco años para las tierras compradas al Estado. A título ilustrativo, a estas limitaciones se ven sometidos hoy los famosos granjeros individuales, a quienes han sido entregadas las tierras cedidas por koljoses y sovjoses.

El enigma de la alternativa

Entre 1990 y 1992 se adoptaron cerca de 30 disposiciones legales sobre la tierra. De ellas hay dos documentos básicos que regulan la reorganización de los sovjoses y koljoses: un decreto de diciembre de 1991 y una disposición del Gobierno, también de diciembre de 1991. Según estos dos textos, los koljoses y sovjoses debían volver a registrarse antes de enero de 1993 y entregar tierra y aperos a los trabajadores que decidieran abandonarlos. La legislación preveía que la privatización de las tierras podía tener lugar sólo en caso de que los trabajadores de los soyJoses y ko1joses adoptaran la decisión voluntaria de disolver la hacienda colectiva. Es decir, que había una subordinación del individuo a la decisión del colectivo.

La discusión básica en torno al decreto es cómo actuar frente a los sovjoses y koljoses. Uno de los temas que debe resolverse es si los campesinos de las empresas de propiedad colectiva tendrán libertad para abandonar estas formas de explotación agrícola y quedarse con su lote de tierra, que ahora es común, con independencia de que el koljós o sovjós decida seguir existiendo en régimen de sociedad anónima. Si esto es así, hay un gran peligro de que el koljós o el sovjós se desintegre. ¿Y qué sustituirá a los koljoses y sovjoses las haciendas colectivas para que los rusos puedan comer la próxima primavera?

Habida cuenta de que la agricultura no está desarrollada (faltan infraestructura, cadenas de distribución, técnica ... ), y que koljoses y sovjoses son parte de un tejido más o menos eficiente, pero rodado, una de las preguntas que surgen hoy es en qué medida se producirá un vacío económico que podría acabar en hambruna por aquello de que si los koljoses y sovjoses dejan de labrar y los granjeros no labran todavía. Además se plantean otros problemas tales como la posibilidad de que los campesinos, convertidos en propietarios de las tierras, no piensen en destinarlas a los poco agradecidos menesteres agrícolas, sino que pasen a darles otros usos o a especular con ellas, sobre todo en zonas no muy lejanas de las ciudades.

Este desarrollo podría producir una disminución de las superficies cultivadas, sin aumento de la productividad en las que quedan. Con la privatización urbana se ha dado un fenómeno parecido: algunos servicios han desaparecido, simplemente porque son menos rentables que otros.

Un tema importante, socialmente hablando, es cómo reaccionarán los defensores del agro colectivo, y si opondrán resistencia violenta a la disolución del modo de vida comunitario. Debe tenerse en cuenta que la Unión Agraria de Rusia, una organización política en cuya dirección está Vasili Starodubtsev, uno de los golpistas de agosto de 1991, representa un lobby muy fuerte, que además concurre a las elecciones de diciembre.

Según dijo el martes el ministro de Agricultura ruso, Víktor Jlistún, el principal tema en las relaciones del Gobierno con los campesinos son hoy las deudas. Resulta que los precios agrícolas se han incrementado de forma disparatada, y que el Estado ruso tiene que pagar sumas fantásticas a los campesinos por la cosecha, lo que en los próximos días se traducirá de paso en un sustantivo aumento del precio del pan.