El Ayuntamiento de Málaga recibirá urgentemente fondos del Estado para pagar parte de sus deudas

El alcalde de Málaga, el socialista Pedro Aparicio, anunció ayer que el Ayuntamiento recibirá en breve plazo parte de los fondos que el Ministerio de Economía y Hacienda no ha entregado todavía por la financiación estatal del año pasado. Con esta cantidad, que no quiso precisar, se podrá hacer frente al pago de una amortización de capital de 700 millones de pesetas de un crédito sindicado promovido por el BBV, y cuyo impago fue el detonante de la aguda crisis económica municipal. Aparicio, señaló ayer que no habrá solución al problema financiero si no se renegocia la deuda y advirtió que el Ayuntamiento puede verse obligado a suspender la prestación de algunos servicios.

Ayer se conoció que un juzgado de instrucción ha admitido a trámite una querella del Banco Zaragozano contra Aparicio por malversación de caudales públicos, después de que la corporación no hiciera frente al pago de dos certificaciones, por valor de 526 millones, que debía haber abonado en 1991.Estos impagos corresponden a facturas de la empresa de limpieza municipal (Limasa) que debían ser pagadas por el Ayuntamiento y que fueron certificadas por la corporación ante el Zaragozano. La entidad mantiene en la querella que el alcalde ha podido incurrir en malversación de caudales públicos, ya que se han pagado certificaciones posteriores a 1991 sin abonar las que tenían pendientes con este banco, lo que no permite la ley.

El alcalde negó ayer que la corporación haya decidido no hacer frente a sus obligaciones crediticias ante la situación de quiebra del consistorio. El edil justificó el impago de la amortización con el BBV por los retrasos del Estado en enviar sus aportaciones económicas. "No teníamos opción: o pagábamos la nómina de los empleados o pagábamos a los bancos. Haremos siempre lo primero", señaló.

33.000 millones de deuda

El Ayuntamiento de Málaga, con una deuda a largo plazo superior a los 33.000 millones, logró el martes un compromiso del secretario de Estado de Hacienda, Enrique Martínez Robles, para que la Administración central entregue parte de la financiación estatal pendiente de 1992.

La falta de liquidez del consistorio arrastra una deuda con las empresas proveedoras de más de 13.000 millones. Telefónica, a quien adeuda unos 300 millones, ha cortado 150 líneas del Ayuntamiento. Empresas de papelería se han negado también a seguir sirviendo a la corporación, mientras fuentes sindicales denunciaron ayer que los colegios gestionados por el Ayuntamiento carecen de útiles de limpieza.

Por otro lado, el alcalde malagueño aseguró que el Comité Ejecutivo de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) solicitará en su próxima asamblea general la gestión de un tramo del 15% del IRPF cedido por el Estado a las autonomías. Esta propuesta difiere de la aprobada por los regidores de las siete principales ciudades españolas y por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), presidida por Aparicio, que han solicitado un porcentaje del impuesto ajeno al que recibirán las autonomías y que han cifrado en un 5%, independientemente de que se consiga o no parte del montante destinado a las comunidades.

El alcalde de Málaga manifestó ayer: "según mis noticias, la FEMP prepara una petición para usar parte del tramo del IRPF cedido a las autonomías, pero nosotros hemos pedido otra cosa. Nuestra propuesta es sumable". Pedro Aparicio, junto con los representantes de las otras seis principales ciudades españolas (Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Sevilla y Zaragoza), mantiene su postura de reclamar al Estado el 5% del impuesto sobre la renta.

Enrique Martínez Robles rechazó ayer la petición de los citados alcaldes de participar en un 5% del IRPF. El secretario de Estado de Hacienda declaró a RNE que este año, "ha concluido el periodo en vigor para la participación de los municipios en los ingresos del Estado, cuestión que hay que negociar de nuevo para 1994".

Dudas de Solbes

El ministro de Economía, Pedro Solbes, puso en duda ayer que la cesión del impuesto permita solucionar el problema financiero de los ayuntamientos y cuestionó que los alcaldes de las siete grandes ciudades hayan entendido el mecanismo de cesión. En los pasillos del Congreso, Solbes recordó que ya ha habido dos operaciones de saneamiento de las arcas municipales, pero añadió que es razonable estudiar la financiación futura, informa Victorino R. de Azúa. Según Solbes, hay un compromiso de analizarla en 1994.

Mientras, el alcalde de Sevilla, el andalucista Alejandro Rojas Marcos, afirmó ayer a Efe que la FEMP "no sirve para nada". A su juicio, los ayuntamientos seguirán siendo "simples plañideras" mientras no tomen iniciativas y abogó por un "plante Institucional" de los ayuntamientos, aunque sin explicar cómo se materializaría.