Depurar las aguas residuales

EL RETRASO de España en la depuración de aguas residuales es evidente si se compara con otros países desarrollados; pero también hay que reconocer que en los últimos años, y azuzados por la regla mentación de la Comunidad Europea, se han conseguido importantes avances. Con todo, alrededor de 16 millones de españoles no cuentan con colectores y depuradoras. El caso es particularmente grave en las regiones del norte, dada la dispersión de la población en pequeños núcleos. Si ahí es más disculpable que no se hayan acometido estas costosas obras, pocas explicaciones caben para que los responsables ministeriales, autonómicos y municipales hayan ido retrasando las inversiones de planes integrales de saneamiento en ciudades de las dimensiones y poblaciones de Valladolid, León o San Sebastián, o que zonas de tanta importancia turística o ecológica como el entorno de Doñana, La Manga del Mar Menor, la Albufera de Valencia o la Costa del Sol no cuenten con sistemas de tratamiento.Es evidente que el problema hay que atacarlo por la raíz y no por los detalles secundarios, pese a que muchos prefieren centrar la protección del medio ambiente -más con un sentido estético que realista y eficaz- en la conservación del hermoso cañón de un río o de una colonia de nutrias. Y esa raíz, en España, está en los residuos: sólidos y líquidos, urbanos e industriales, que han dejado los ríos españoles en un lamentable estado. Se pueden dar muchos datos, pero basta uno: según un estudio de la Asociación Española de Limnología, poco más del 10% de los cursos de agua en zonas pobladas se conserva en buen estado, libre de la contaminación.

El vertido, de aguas residuales -de poblaciones y de industrias- directamente a los ríos y al mar mata la vida en esos ecosistemas. Ahora, una directiva de la Comunidad Europea de 1991 obliga a los Estados miembros a que todas las ciudades de más de 15.000 habitantes equivalentes (unos 10.000 habitantes reales) depuren sus aguas fecales antes de que termine el año 2000, y para los que cuentan entre 2.000 y 15.000 habitantes equivalentes, antes de que finalice el 2005.

Los plazos están ajustados y las inversiones han de ser cuantiosas: el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente las calcula en torno al billón y medió de pesetas. Pero si algo es prioritario en materia medioambiental, a la vez que necesaria la coordinación de las distintas administraciones, es abordar urgentemente el asunto de los desechos, aguas residuales incluidas. Las importantes inversiones que se precisan han de planificarse más allá de los datos numéricos y preguntarse quién se va a beneficiar de ese sustancioso negocio. Hasta ahora, la tecnología de depuración ha venido de otros países europeos, principalmente Francia. Parece que las cosas están cambiando en beneficio del empresariado español.

Industria debe saber que el negocio ambiental que se abre en los próximos 10 años en España es demasiado importante como para que no se beneficien las empresas nacionales. La tecnología ha encontrado una nueva y buena vía por la que crecer. Muchos expertos en protección ambiental no entienden cómo España no aprovecha la industria y la tecnología del agua -desde el ahorro en el regadío, pasando por la depuración- para desarrollar una industria muy exportable y con mucho futuro.