La aportación del Estado a la Iglesia para 1994 aumenta en 3.000 millones

El Gobierno ha dado un giro a su política de negociaciones con la Iglesia católica. En tiempos de ajustes, un capítulo del proyecto de Presupuestos Generales aumenta una partida. La Iglesia católica recibirá, en 1994, una aportación de 18.300 millones, 3.000 más que este ejercicio. Además, el proyecto eleva a definitivas las "entregas a cuenta" realizadas por el Estado a la Iglesia, de varios miles de millones, y que el Gobierno, durante la anterior legislatura, consideraba como, una deuda, consideración negada por el episcopado.

El cambio ha llegado con el nuevo titular del Ministerio de Justicia, Juan Alberto Belloch. En un hecho protocolariamente inédito, el ministro se desplazó el pasado 24 de agosto a la sede de la Conferencia Episcopal Española para reunirse, por vez primera, con el arzobispo de Zaragoza, Elías Yanes, presidente del episcopado. Tras la reunión, Bernardo Herráez, el responsable de los dineros en la Conferencia, "estaba eufórico", según fuentes próximas al episcopado.El proyecto de presupuestos refleja el motivo de la satisfacción de Herráez. Actualiza, en la disposición adicional tercera, la aportación del Estado a la Iglesia católica, congelada en 15.250 millones desde 1990, y la sitúa en 18.300 millones. Además, "eleva a definitivas las cantidades entregadas a cuenta en los ejercicios 1991, 1992 y l993", algo que el Gobierno consideraba como una deuda durante la anterior legislatura, y que, sólo en el ejercicio fiscal correspondiente a 1991, único del que se conocen los datos, ascendía a casi 3.000 millones. El Gobierno tenía congelada la aportación desde que, en 1990, venció el periodo provisional de tres años de entrada en vigor de la asignación tributaria, también conocida como impuesto religioso, momento en que debía acordarse un sistema definitivo para la autofinanciación de la confesión católica.

El Gobierno utilizó durante la anterior legislatura estas dos cuestiones -la actualización de la aportación y las entregas a cuenta, cantidad que completaba hasta los 15.250 millones la cantidad obtenida por la Iglesia a través del impuesto religioso- como arma de negociación. Estaba dispuesto, según distintas fuentes consultadas, a ceder en estas cuestiones a cambio de obtener el compromiso escrito por parte de los responsables de la Conferencia. Episcopal de que la nueva fórmula, basada en la donación directa por parte de los fieles, que sería desgravable, comportaría en un futuro la desaparición (le la asignación tributarla. El impuesto religioso, a juicio del director general de Asuntos Religiosos saliente, Dionisio Llamazares, es de dudosa constitucionalidad, por entrar en colisión con la aconfesionalidad del Estado y el principio de igualdad del gasto público.

El cambio de actitud del Gobierno, que ha pasado inadvertido al Grupe, Socialista, no ha obtenido la contraprestación deseada en la anterior legislatura, según fuentes próximas al episcopado. "Ha sido un gesto", indicaban las mismas fuentes. Tras una semana de gestiones, este diario no pudo obtener la versión del Ministerio de Justicia.