Nueve países de la CE retrasan la aplicación de la libre circulación de personas al 1 de febrero de 1994

No habrá libre circulación de personas en la mitad occidental del Viejo Continente en lo que queda del año 1993, ni tan siquiera entre los países más entusiastas de la construcción europea. La entrada en vigor del convenio de Schengen, que prevé la desaparición de las fronteras interiores entre nueve de los doce países de la Comunidad Europea (CE), ha sufrido un nuevo aplazamiento. El pasado 30 de junio, los representantes de los nueve países firmantes de Schengen se habían fijado en Madrid el objetivo de comenzar la aplicación del convenio el próximo 1 de diciembre. Pero, reunidos ayer en París, han decidido aplazar esa cita hasta el próximo 1 de febrero de 1994.

Alain Lammassoure, ministro francés de Asuntos Europeos, confirmó a primeras horas de la tarde que la libertad de movimientos de las personas está resultando mucho más difícil de poner en práctica que la de las mercancías y los capitales. Antes de dar la mala noticia del nuevo retraso en la aplicación del convenio de Schengen, Lamassoure quiso dorar la píldora. El ministro francés afirmó que se habían realizado "progresos sustanciales" en dos de los problemas no resueltos en la reunión previa, la de Madrid, que estuvo presidida por Carlos Westendorp, secretario de Estado español para la CE.Lamassoure declaró que el Grupo de Schengen avanzaba "de modo significativo" en la "coordinación de la lucha contra el tráfico de estupefacientes". En concreto, se felicitó por la "cada vez más positiva actitud" de Holanda, un país que venía siendo ferozmente criticado por Francia por su tolerancia en materia de drogas. Según el ministro francés, también se han registrado "progresos" en el refuerzo de las fronteras exteriores de los nueve países.

No obstante, Lamassoure observó que Francia ha registrado un "incremento" de la inmigración clandestina a través de las fronteras interiores del Grupo de Schengen.

Pero, en nombre del comité ejecutivo de Scherigen, integrado por ministros o secretarios de Estado de Francia, Alemania, Bélgica, España, Grecia, Italia, Luxemburgo, Holanda y Portugal, Larnassoure levantó acta de la imposibilidad de abolir las fronteras interiores de esos países el próximo 1 de diciembre.

Quedan, según afirmó, dos problemas pendientes. Uno es el hecho de que: la puesta a punto del fichero informático común, situado en Estrasburgo, registra "un retraso de varias semanas" en relación al calendario previsto. El ministro francés atribuyó ese retraso a "razones técnicas".

Derecho de asilo en Francia

Otra dificultad, "inesperada", es el hecho de que Francia necesita una reforma constitucional para poder aplicar las decisiones de Schengen relativas al establecimiento de una política común de derecho de asilo. El Tribunal Constitucional y el Consejo de Estado de este país han sentenciado que es contraria a su Carta Magna la disposición de Schengen que considera que el rechazo de una demanda de asilo por uno de los países firmantes debe ser considerado como un rechazo colectivo. La Constitución francesa establece que todos los ciudadanos perseguidos por su defensa de la libertad y la democracia tienen el derecho a presentar una solicitud de asilo en este país.

Tras varias semanas de debate y negociaciones, el primer ministro gauilista, Edouard Balladur, y el presidente socialista, François Mitterrand, se han puesto de acuerdo sobre un texto que reforma la Constitución francesa en el sentido de adaptarla al convenio.

Alemania, España, Bélgica y Luxemburgo se declaraban ayer dispuestos a aplicar de inmediato los criterios de Schengen. Su gran argumento era la necesidad de demostrar a los ciudadanos que la Europa sin fronteras no beneficia tan sólo a las mercancías y los capitales. Westendorp recordó que España ha destinado 3.000 policías al control de sus fronteras exteriores y ha puesto a punto su sistema infórmático.