Asunción afirma que no es el momento oportuno para recluir a etarras en Euskadi

El secretario de Estado de Asuntos Penitenciarios, Antoni Asunción, manifestó ayer en el Congreso que no es el "momento político oportuno" para que los presos etarras cumplan sus condenas en las cárceles del País Vasco. El secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera, se declaró solidario con el ministro del Interior, José Luis Corcuera, "pase lo que pase" con la Ley de Seguridad Ciudadana en el Tribunal Constitucional.

Asunción propuso la aplicación en España de un sistema similar al alemán, donde las cárceles dependen de los lánder, pero el Gobierno central corre con los gastos de los presos por delitos federales. En el caso español, el delito federal es equivalente a las conductas enjuiciadas por la Audiencia Nacional, como terrorismo o drogas.Actualmente, sólo Cataluña tiene transferidas las prisiones, aunque los estatutos del País Vasco, Navarra, Andalucía y La Rioja también recogen dicha competencia. Asunción aseguró que no habría problemas para traspasar las prisiones al Gobierno vasco, pero se mostró convencido de que las comunidades autónomas "no van a precipitarse en asumir esa competencia".

La transferencia de las prisiones al País Vasco no presupone el agrupamiento de los presos de ETA en dicha comunidad [donde ya se encuentran algunos etarras, concretamente en Nanclares de Oca, en Álava], para lo que se mostró partidario de "esperar el momento políticamente oportuno".

Asunción, que explicó los presupuestos de su departamento para 1994 ante la Comisión de Justicia e Interior, defendió el módulo de 1.000 internos por centro fijado para las nuevas construcciones y agregó que las comunidades que opten por prisiones pequeñas pagarán el sobrecoste que conlleva. Señaló que se está negociando con el Gobierno vasco la cofinanciación de un centro de 350 plazas, que resultaría un 40% más caro, tanto en inversión como en mantenimiento.

Hacinamiento

Asunción admitió que en las cárceles hay problemas de hacinamiento y está lejos de cumplirse el objetivo de un interno por celda fijado por la Ley Penitenciaria de 1979. Atribuyó este incumplimiento a problemas presupuestarios.

En la misma comisión, la subsecretaria de Justicia, Mar" garita Robles, señaló que los presupuestos del año próximo no incluyen la creación de 112 juzgados de lo contencioso-administrativo, prevista por la Ley de -Demarcación y Planta Judicial, de 1988. Robles defendió una revisión de esta ley, que ha originado ya la creación de más de 3.000 módulos judiciales, "algunos de ellos en sitios donde no eran necesarios".

Robles fijó como objetivo para el próximo año la agilización de los procedimientos judiciales, tras calificar de "inadmisible" casos como el de la presa de Tous, pendiente de juicio desde hace 12 años.

Por otro lado, el secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera, afirmó ayer que "pase lo que pase" será solidario con el ministro del Interior, José Luis Corcuera, quien anunció su dimisión si el Constitucional falla contra la Ley de la Seguridad Ciudadana que él promovió. El subsecretario de Interior, Víctor Moreno Catena, criticó la información publicada recientemente por EL PAÍS respecto a un eventual rechazo de algún punto de la Ley Corcuera por parte del Constitucional porque "perturba la tranquilidad de las deliberaciones" de la sentencia.

Vera anunció que la Guardía Civil efectuará gestiones propias de la policía en los acuartelamientos en cuya proximidad no existan comisarías, como la tramitación de pasaportes y DNI.

Sobre el secuestro de Julio Iglesias Zamora, Vera reconoció que una filtración a Egin ha frustrado en parte la detención de etarras en el sur de Francia, encargados del pase de fronteras. Vera reconoció que la zona de la búsqueda es un lugar "caliente" al que se está dando demasiada publicidad. Vera anunció que Interior cancelará en 1994 11.000 millones de la deuda que tiene contraída con Telefónica.