13.000 familias que compraron fincas rústicas buscan cómo legalizar su casa

Viene de la PÁGINA 1Alejandro era muy niño cuando sus padres, unos comerciantes de San Fernando de Henares, antiguos emigrantes, se fijaron, un domingo de buen tiempo, en unos terrenos que se ofrecían en Fresno del Torote (a 40 kilómetros de Madrid), a la vera de un arroyo. Se decidieron a comprar una parcela de la urbanización La Dehesa, 2.500 metros cuadrados a 300 pesetas el metro. Habían pasado a engrosar un grupo de 42 parcelistas de nivel económico bajo. Con ello comenzaba un sinfin de problemas.

Alejandro tiene ahora 24 años y aprovecha que está en paro para ejercer de presidente de la comunidad de propietarios (le la urbanización, ilegal después de 15 años, que fue cuando su padre compró y el promotor le dijo que aunque el suelo era rústico se iba a arreglar y que podría construir una casita. A La Dehesa, que tiene ya 29 casas edificadas y está a unos cuantos cientos de metros del centro de Serracines (en el municipio de Fresno del Torote, 248 habitantes, a 40 kilómetros), no ha llegado el teléfono, ni el correo, ni las alcantarillas, ni el asfalto. Cuando se pone el sol, en vez de encenderse las farolas, arrecian los ladridos de los perros.

Cuando llueve, como en estas fechas, el barro se hunde antes de entrar en la casa de Alejandro, quien agota, con la madre y el sobrino, sus últimos días de verano en el chalé de 100 metros cuadrados con piscina. Sólo dos familias viven allí siempre. Cuando tiran de la cadena del retrete, el flujo va a un pozo negro. En verano, con el censo de la urbanización a reventar, hay restricciones de agua porque los pozos de abastecimiento no dan abasto.

Más gastos

La Dehesa, aunque moviéndose, aún está fuera de la ley. La luz llegó después de muchos sudores, aunque el promotor vendió la parcela con este servicio y con agua, dice Alejandro. Al ser ilegales, no pudieron engancharse y tuvieron que arreglarse con cámping gas durante un tiempo. Lo que resultó barato está saliendo caro: todos los vecinos, entre ellos el propio alcalde de Fresno de Torote, que tiene una parcela, tuvieron que comprar 15.300 metros cuadrados para construir viales y servicios; costear el nuevo pozo, arreglar el depósito de agua y pagar el proyecto de urbanización: es decir, poner aceras, asfaltar, hacer el alcantarillado, enterrar los cables del teléfono: todo les costará de 40 a 50 millones de pesetas.

A unos pocos kilómetros en diagonal de La Dehesa se asienta una gran urbanización que por su tamaño se refleja en los mapas de carreteras: Jardín de Serracines, con 450 parcelas. A la entrada, detrás de la barra de un bar hecho en un prefabricado, está Mercedes y dice: "Esto ya es una gloria". Mercedes lleva el chiringuito desde hace 13 años y no tuvo luz hasta hace siete.

Para el negocio usaba cámping gas y estufas de leña en invierno, y así se apañaba, antes de que hubiese llegado el asfalto a las calles. Sobre la barra reposa el único teléfono de la urbanización, que le costó medio millón de pesetas. "Lo que hice fue pedir ayuda a otros vecinos y comprometerme a avisarles en caso de que les llamase alguien", dice la mujer. Mercedes, que tiene ya los hijos mayores, se encarga de recoger pan a un panadero para quienes lo quieren, la bombona de gas al repartidor y las cartas al cartero. "Lo hago por servir, no por ganar". En una esquina de la barra, en desorden, hay dulces, arroz y barras. El montaje tiene aire de colmado de hace muchos años. Mercedes vende a los vecinos olvidadizos, "gente obrera", dice ella.

Desde que se empezaron a vender los terrenos, en 1980, los parcelistas, que habían construido casetas con tejados de uralita y tenían su huerta, tuvieron que parar un proceso judicial porque los promotores no habían pagado, hacer un plan especial con la Comunidad de Madrid para legalizar las casas que habían ido construyendo sin licencia, pagar 300 millones para convertir el barro en asfalto y alumbrado, solucionar la ocupación de una cañada real... Hubo que desalojar a 40 vecinos, ceder el 10% del terreno a la Comunidad de Madrid y volverles a ubicar.

Hoy la urbanización sufre los flecos de la ilegalidad: no hay teléfono ni correo, y aumentan día a día los vecinos que se instalan allí para siempre, gente más joven, que trabaja en Madrid, y que son mas guerreros con sus derechos. Son más de 40 familias.

Pero Milagros Antón está sola. Compró una finca, hace 12 años, en la urbanización El Retiro de Torremocha del Jarama (246 habitantes, a 46 kilómetros de Madrid). "Nos dijeron que era urbanizable y que podíamos construir sin problemas", recuerda ella. Poco tiempo después, la mujer, viuda, levantó su modesto chalé de un piso. Desde entonces espera el asfaltado de las calles, la instalación del alumbrado y la apertura de tiendas en la zona residencial. Compra en Torremocha, a más de un kilómetro y medio. Sus amigos más cercanos están en un chalé alejado más de 1.000 metros. Unos perros la amparan, porque es la única persona que vive en uno de los 14 chalés que se encuentran en la orilla izquierda del arroyo San Román. Una zona de la urbanización declarada ilegal.

No hubo engaño

El correo no llega a su casa y no tiene teléfono. "El cartero se lo deja al guarda", dice Milagros. Echa de menos un buzón. "Cada vez que quiero echar una carta tengo que recorrer casi un kilómetro y medio hasta encontrar el primero".

Los promotores de la urbanización han sido absueltos de estafa hace tres meses. "Nadie puede poner en cuestión la irregular actuación urbanística, pero no hay engaño y, por lo tanto, tampoco estafa". Con este razonamiento, la Audiencia Provincial de Madrid absolvió el pasado 22 de julio de estafa a los promotores de la urbanización donde vive la viuda. Los demandantes -195 compradores- adquirieron sus terrenos a la promotora Urquinsa, que confiaba en que el suelo rústico pasase a ser considerado como urbanizable. De hecho, el Ayuntamiento de Torremocha -que preside desde 1979 el independiente Carlos Rivera Rivera- había aprobado la recalificación de esos terrenos cuatro meses antes de que se formalizase la compra.

Cuando la Comunidad de Madrid declaró la urbanización ilegal, los propietarios de Urquinsa -algunos de los cuales han sido defendidos por el letrado José Mariano Benítez de Lugo- habían introducido en los contratos de compraventa cláusulas que garantizaban la devolución del dinero si no se permitía construir en las fincas, lo que evidencia la falta de mala fe en sus actuaciones, según la sentencia. La Comunidad legalizó la mayor parte de la urbanización, pero quedan 32 fincas ilegales, de las cuales 10 están edificadas. Una de ellas es la de Mercedes.