Tres impugnaciones parlamentarias y dos judiciales

Del total de cinco impugnaciones de la ley Corcuera sobre las que tiene que pronunciarse en su sentencia el Tribunal Constitucional, las tres de origen político proceden del Partido Popular (PP), el Parlamento de las Islas Baleares y la Junta General del Principado de Asturias, en este último caso con los votos del PP y de Izquierda Unida. Las dos de procedencia judicial -de las audiencias provinciales de Madrid y Sevilla- cuestionan la constitucionalidad del artículo 21.2, que permite la entrada policial en los domicilios sin autorización judicial, precepto éste también impugnado por los recurrentes parlamentarios.Entre los argumentos jurídicos contra dicho precepto considerados más significativos por algunos magistrados del Tribunal Constitucional destacan los utilizados por la Sección l5a de la Audiencia Provincial de Madrid. En la resolución, de la que fue ponente el magistrado Alberto Jorge Barreiro, frente al concepto ampliado de delito flagrante, se recuerda la doctrina jurídica sostenida, según la cual "un delito es flagrante cuando es resplandeciente, es decir", explica, "aquel que es cometido públicamente y ante testigos, siendo descubierto en el acto de la perpetración". E insiste: "La flagrancia es la visibilidad del delito".

Las impugnaciones de la ley Corcuera fueron la punta de lanza de una contestación social y jurídica más amplia, que se pretendió encauzar a través del Defensor del Pueblo, institución legitimada para recurrir, a la que se dirigieron varias decenas de organizaciones jurídicas y humanitarias, así como ayuntamientos y ciudadanos particulares, antes de que el 23 de mayo de 1992 acabara el plazo para presentar el recurso. El entonces titular, Álvaro Gil-Robles -contra el criterio de su propio equipo y de su adjunta primera, Margarita Retuerto-, optó por no interponer el ecurso. La Plataforma de Ciudadanos por las Libertades -que agrupaba organizaciones sindicales, políticas y humanitarias- entregó al Defensor del Pueblo unas 50.000 firmas en apoyo de la presentación del recurso. Entre los frustrados peticionarios figuraban la Asociación Pro Derechos Humanos de España, el Consejo Nacional de la Juventud de Cataluña y la Federación de Asociaciones de Juristas Progresistas, integrada por unos 2.000 abogados, magistrados y fiscales. Este colectivo patrocinó la publicación del libro Seguridad Ciudadana. Materiales de reflexión crítica sobre la ley Corcuera, que condensa las críticas a la ley.

El presidente del Tribunal Constitucional, Miguel Rodríguez-Piñero, se interesó por las reflexiones contenidas en este libro, publicado en marzo de 1993 y que ha estado sobre la mesa de varios magistrados del alto tribunal en los últimos meses. Igualmente han sido tenidas en cuenta opiniones como la emitida en octubre de 1991 por el entonces vicepresidente del Tribunal Constitucional, Francisco Rubio Llorente, quien calificó a la ley Corcuera de "error jurídico".

Otros constitucionalistas, encabezados por el catedrático Manuel Jiménez de Parga, también expresaron su preocupación por la polémica ley, en relación con la cual el ponente constitucional socialista y actual rector de la Universidad Carlos III, Gregorio Peces-Barba, promovió un documento muy crítico con la ley, dirigido al presidente del Gobierno, Felipe González, y firmado por catedráticos y juristas, muchos de ellos muy próximos al PSOE. Asimismo, el actual ministro de Justicia, Juan Alberto Belloch, desde su anterior puesto en el Consejo General del Poder Judicial, ha sido muy crítico con la ley Corcuera, igual que los ex jueces y hoy diputados socialistas Baltasar Garzón y Ventura Pérez Mariño.