El 'caso Lockerbie' provoca divergencias en el régimen libio

El Ministerio libio de Asuntos Exteriores ha convocado a diplomáticos occidentales en Trípoli para reafirmarles que su país acepta el principio de un juicio en Escocia contra los dos sospechosos del atentado contra un avión de la Pan Am sobre Lockerbie (Escocia) en 1988, que causó la muerte a 270 personas. Sin embargo, ayer mismo la abogada escocesa de los dos libios, Alistair Duff, declaró en Edimburgo que sus defendidos no comparecerán jamás ante un tribunal en Escocia o en Estados Unidos. A juicio de los observadores en Trípoli, estas contradicciones se deben a divergencias internas en el régimen libio."Los dos sospechosos quieren ser juzgados, pero no en Estados Unidos ni en el Reino Unido, ni ahora ni más adelante", declaró la abogada de los libios en una entrevista a un periódico escocés. No obstante, indicó que los acusados no se oponían a entregarse a un tercer país.

Entretanto, la prensa libia, totalmente controlada por el régimen que preside Muammar el Gaddafi, ha criticado a la diplomacia de su país por su inclinación a un compromiso para tratar de impedir el endurecimiento de las sanciones internacionales contra Trípoli.

Juicio justo

El periódico libio Ach Chams acusó el lunes a la diplomacia de su país de "violar el derecho de los dos acusados e ignorar la opinión de los dos equipos de abogados que los defienden". El comité de defensa de los acusados se opuso el domingo a la comparecencia de los acusados ante los tribunales escoceses por considerar que no se daban las condiciones para un juicio justo.Según fuentes diplomáticas europeas en Trípoli, el coronel Gaddafi dio en un primer momento su plácet para que el Ministerio de Asuntos Exteriores comunicase a la ONU a finales del pasado mes de septiembre la aceptación para que se celebrase el juicio en Escocia. El número uno libio pretendía así lanzar un globo sonda para saber si, a cambio de esa aceptación, Estados Unidos y Reino Unido accedían a normalizar las relaciones con Libia y poner fin a las sanciones. La ONU impuso en abril de 1992 un embargo militar y aéreo contra Libia para forzar la entrega de los sospechosos del atentado, Abdel Basset al Megrahi y Al Amin Jalifa Fimá.

El coronel Gaddafi trataba igualmente de asegurarse de que un eventual juicio contra los dos acusados no se convirtiera en un proceso al régimen libio.

El ministro de Exteriores libio, Omar al Muntasser, no logró obtener tales garantías la pasada semana durante su visita a Nueva York, lo que permitió a los partidarios de la línea dura, opuestos a la extradición de los acusados, hacer prevalecer sus puntos de vista, estiman las fuentes diplomáticas occidentales.

Esas fuentes señalan que la línea dura está representada por un sector de los servicios secretos y por el clan de uno de los acusados, Megrahi, al que pertenece el numero dos libio, el comandante Abdesalam Jallud.