El Constitucional alemán da vía libre a Maastricht

El Tratado de Maastricht para la Unión Europea entrará en vigor el próximo 1 de noviembre. El Tribunal Constitucional de Alemania abrió ayer la última puerta del proceso de ratificación al aprobar el texto acordado en la ciudad holandesa del mismo nombre, hace ya casi dos años, por los jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad Europea (CE), desoyendo las demandas de anticonstitucionalidad presentadas en su contra. Se trata de un sí condicional, aunque los requisitos no sean otros que los que ya había introducido el Bundestag (Parlamento) en su momento. Los jueces de Karlsruhe, sede del alto tribunal, rechazan el automatismo de la Unión Monetaria y excluyen que el tratado implique la creación de un Estado federal europeo.

Ernst Gottfried Mahrenholz, presidente de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, leyó el fallo de los ocho jueces en el que consideran compatible el Tratado sobre la Unión Europea con los principios democráticos establecidos por la ley fundamental alemana y rechazan las cinco demandas presentadas en su contra.El tribunal de Karlsruhe considera que el Tratado define de manera "suficientemente transparente" los objetivos de la Unión Europea y de las comunidades pertenecientes a ella. La decisión de los jueces responde básicamente a la postura del Gobierno de Bonn y también de la oposición socialdemócrata (SPD), como ayer se encargaron de subrayar el canciller Helmut Kohl y los líderes del SPD.

Los jueces se hacen eco del llamado déficit democrático, en el que se basaban algunas de las demandas, al considerar que el proyecto de Maastricht olvida el control del Ejecutivo por el legislativo. "El principio democrático", dice el texto, "no impide que Alemania se sume a una comunidad supranacional organizada de Estados, pero es condición previa a su integración la existencia de garantías que aseguren, dentro de esta asociación de Estados, la legitimación y la influencia de los ciudadanos". Karlsruhe considera que la legitimación ya proviene de los Parlamentos nacionales, aunque avisa de que, conforme avance la Unión, será necesario fortalecer las bases democráticas a través del Parlamento Europeo (PE).

Los jueces son más específicos en el tema de la cesión de soberanía, indicando que el Bundestag "debe retener poderes y tareas de peso sustancial" y advirtiendo que el Tribunal de Karlsruhe "considerará si los actos legales dictados por los órganos y las instituciones europeas se enmarcan dentro de los derechos de soberanía que han sido cedidos o traspasan estos límites".

La sentencia descarta asimismo cualquier interpretación del tratado que suponga, de hecho, una expansión del mismo, en cuyo caso, dice, "no tendrá ningún efecto en Alemania". Según los jueces, el tratado pretende "una unión cada vez más próxima de pueblos europeos organizados como Estados, y no un único Estado basado en el pueblo europeo".

Pero donde más específicos son los magistrados es en el peliagudo tema de la unión monetaria, donde más reacia se muestra la sociedad alemana, que se niega a meter a su adorada moneda en el cesto europeo.

Según la sentencia, "Alemania no se subordina a un automático y oscuro mecanismo hacia la unión monetaria que no puede controlar. El tratado abre el camino hacia una futura integración legal, poco a poco, de la CE, que depende en cada paso, bien de las condiciones que puede establecer el Parlamento, o de la posterior aprobación del Gobierno federal, sujeto a la influencia del Parlamento".

El Bundestag, cuando aprobó por gran mayoría el tratado, ya se dotó de una cláusula consistente en requerir una mayoría cualificada de dos tercios en el Parlamento para la entrada en la unión monetaria y para todas las decisiones que incluyan transferencias de soberanía a Bruselas.

Opinión del Gobierno

Según el canciller Kohl, los jueces de Karlsruhe han confirmado la opinión del Gobierno. "Con esta decisión", dijo, "se ha dado vía libre para la entrada en vigor del tratado el 1 de noviembre de 1993. Ahora, la labor principal es la realización inmediata de sus objetivos: una política conjunta exterior y de seguridad; la intensificación de la colaboración en política interior y jurídica; la creación de una Unión Económica y Monetaria, cuyo segundo paso se realizará el 1 de enero de 1994 [la creación del Instituto Monetario Europeo]; el fortalecimiento de los elementos federativos, y la profundización del anclaje democrático en la sociedad".

La socialdemocracia, que ha insistido en todo momento en el déficit democrático del tratado, se mostró satisfecha con el fallo. También Los Verdes, algunos de cuyos diputados se habían sumado a las demandas, cantaron victoria por el fallo, al considerar que el tribunal resaltó la importancia de la democratización de los organismos europeos. Entre los liberales (FDP) la satisfacción era generalizada.