La oferta de Belloch

NINGUNA OTRA área institucional y administrativa del Estado ha sufrido más reformas en la última década -seguidas en algún caso de penosas contrarreformas- que la justicia. Y, sin embargo, ninguna otra sufre tan agudamente lo que el ministro de Justicia, Juan Alberto Belloch, definió en su comparecencia en el Congreso como "crisis de legitimación", debida a que "hay sectores y aspectos de la justicia española que, hoy por hoy, no dan una respuesta adecuada a lo que los ciudadanos tienen, razonablemente, derecho a esperar de ella"..Para superar esta crisis y situar a la justicia en los niveles de eficiencia y calidad exigibles en la sociedad actual, el ministro Belloch ha apelado a "la audacia y hasta el patriotismo" del Parlamento para lograr un "pacto de Estado" sobre la materia. La propuesta no es nueva, ciertamente, pero sí es la primera vez que se plantea con tanta convicción desde el Ejecutivo. La ausencia de tal pacto explica, en gran medida, el fracaso de muchas de las reformas judiciales emprendidas en los últimos años.

La justicia, ni como servicio público ni como poder del Estado, es una cuestión que ataña sólo al Gobierno, por más absoluta que sea la mayoría que lo sustente. Mucho menos, claro está, si no lo es. Esto es tan obvio que llama la atención la ceguera con que han actuado a veces los anteriores Gobiernos socialistas en este terreno: aprobando leyes de fuerte impacto institucional y organizativo en la justicia sin el consenso parlamentario deseable, sometiendo al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a los vaivenes de las políticas judiciales del momento o enzarzándose en polémicas nada edificantes con los jueces.

El punto de partida es hoy, en todo caso, mucho más sólido que hace diez o quince años. Los problemas de la justicia ya no son principalmente cuantitativos (de dinero, de falta de jueces y de juzgados, de penuria de medios y de personal o de edificios ruinosos), sino cualitativos (gestión del presupuesto, reordenación de los medios, organización de la oficina judicial, adaptación de los procedimientos a los ritmos de la sociedad actual, etcétera ... ). Es decir, desde el punto de vista del ciudadano se trata de establecer un sistema judicial no sólo independiente y constitucional, sino técnicamente capaz de resolver en un plazo razonable los conflictos que se le plantean.

Tamaño objetivo bien merece un pacto de Estado entre las fuerzas políticas, así como el compromiso de los jueces e, incluso, la colaboración de los ciudadanos. El Partido Popular ha condicionado su aceptación de la oferta de Belloch a que se reinstaure el sistema de elección judicial de la mayoría de los vocales del CGPJ. Tal exigencia no es convincente. La actual elección parlamentaria del CGPJ, al margen de las intenciones del Gobierno socialista para introducirla en 1985, no condiciona en absoluto la independencia de los jueces. Tampoco el sistema de elección judicial. Una y otra fórmula tienen sus pros y sus contras, pero la parlamentaria aventaja a la judicial en un aspecto esencial en un Estado democrático: vincula el poder de los jueces a la soberanía popular y dificulta su manipulación corporativa.

En todo caso, algunas de las propuestas avanzadas por Belloch ya suponen un cambio de importantes decisiones de los anteriores Gobiernos socialistas: por ejemplo, aumentar las competencias del CGPJ y traspasar a las comunidades autónomas la gestión de una parte de los medios materiales y personales que maneja hoy el Ministerio de Justicia. Incluso en su propósito de abordar las reformas procesales -incluida la implantación del jurado- la oferta de Belloch supone una ruptura con la parálisis o impotencia que hasta ahora habían manifestado los Gobiernos socialistas en el tema. Pero es evidente que la validez de un pacto de Estado sobre la justicia no radica en que modifique o no determinadas posiciones sino en la coherencia y racionalidad de sus propuestas. Las que ha formulado Belloch son coherentes y racionales y ni las fuerzas políticas ni los ciudadanos deberían desaprovechar la ocasión de llevarlas a la práctica.