La financiación autónomica

EL CONSEJO de Política Fiscal y Financiera aprobó ayer, finalmente, la cesión a las comunidades autónomas del 15% del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF). El acuerdo no ha sido unánime, pero tiene un respaldo mayoritario: votaron a favor 11 de las 15 comunidades autónomas afectadas -el País Vasco y Navarra, sujetas al sistema de concierto, ya ingresan la totalidad del impuesto directamente en sus arcas-, una se abstuvo (Castilla y León) y tres votaron en contra (Extremadura, Galicia y Baleares). Es un prudente bagaje para el Gobierno, ya que sólo una comunidad autónoma gobernada por el partido socialista ha llevado finalmente a la práctica sus reiterados anuncios de oponerse a la cesión. Las otras tres comunidades que no han dado su sí están todas ellas gobernadas por el Partido Popular. El respaldo no es escaso tampoco si se tiene en cuenta que en los dos últimos acuerdos de financiación siempre ha habido algún voto en contra y jamás se ha logrado la unanimidad.En cualquier caso, el apoyo dado por comunidades autónomas tan significadas como Andalucía -reticente a un acuerdo demasiado amplio- y Cataluña -opuesta a un acuerdo bajo mínimos- viene a confirmar que al final las partes han cedido una porción de sus pretensiones para cerrar un debate que se había eternizado y que amenazaba con enturbiar unas negociaciones -los acuerdos que estos mismos días discute el Gobierno con los nacionalistas vascos y catalanes en tomo a los Presupuestos Generales del Estado- políticamente vinculadas a lo que se acaba de decidir.

La cesión de un tramo del IRPF a las comunidades es un primer paso para introducir un gran impuesto en el sistema de financiación, con todas las consecuencias que ello implica. El objetivo principal, bien conocido, es el de responsabilizar a las autonomías de la recaudación de los ingresos del Estado por la vía impositiva, de forma que eso induzca a los Gobiernos autónomos a ser más responsables en el gasto. Otro de los efectos, secundario, del acuerdo es disminuir la dependencia de los llamados ingresos finalistas -cuyo gasto está ya predeterminado por el Estado-, aumentando así la autonomía política en las decisiones de gasto. El acuerdo es lo bastante laxo como para premiar el esfuerzo fiscal de las comunidades que en mayor cuantía aumenten sus recaudaciones de renta sin que ello suponga un perjuicio para aquellas con menores mejoras en su esfuerzo fiscal. En este equilibrio radica una de sus principales virtudes. La otra es, probablemente, la propia firma.

Se acaba así con meses de discusiones estériles, las más de las veces muy alejadas de lo que realmente se estaba negociando. Esas discusiones han sido aprovechadas por algunos sectores para magnificar las diferencias internas en el PSOE y las que separan a este partido de Convergéncia i Unió. Seguramente no ha habido otro asunto más propicio a la demagogia de los sectores ultraconservadores, técnicamente desconocedores de lo que se discutía y, sin embargo, dispuestos a caricaturizarlo para desestabilizar la legislatura y, peor aún, emponzoñar las relaciones interregionales y proclamar el desgarro de la patria. Pero también ha habido críticas sensatas, basadas en las ambigüedades de la propuesta, en los pasos contradictorios dados por los técnicos y los políticos de la Administración central, y en las desaforadas pretensiones de algunos autonomistas, que desdibujaron en más de una ocasión lo que había de corresponsabilidad fiscal. Este segundo tipo de críticas debe dar lugar a algunas reflexiones. Para el Gobierno, sobre la necesidad de no eternizar la solución de los problemas autonómicos. Para los nacionalistas catalanes, sobre los Iodos que se recogen cuando se aderezan los argumentos propios con polvos demagógicos o simplemente provocativos o inadecuados.

En cualquier caso, el visto bueno del Consejo de Política Fiscal y Financiera despeja el camino para que, sin las prisas inherentes a la coyuntura, todos abran una reflexión profunda sobre la estructura del sistema de financiación de las comunidades autónomas, con objeto de profundizar los dos objetivos del acuerdo: aumentar. la autonomía financiera y, al mismo tiempo, eliminar cualquier tipo de despilfarro, incluido el periférico.