El Senado aprueba medidas para proteger a los confidentes y denunciantes de grandes delitos

El grupo parlamentario de senadores nacionalistas vascos logró ayer que el Pleno le la Cámara aprobase la toma en consideración de una proposición de ley para proteger a denunciantes, testigos y peritos en causas criminales por delitos cometidos por terroristas, bandas armadas o grupo criminales organizados. Se trata de una singular innovación en el ordenamiento jurídico español que, si finalmente se admitiese en los términos propuestos, supondría, por ejemplo, que algunas personas pudieran declarar con el rostro cubierto, o incluso que a los confidentes se les facilitase una nueva identidad y medios económicos para cambiar de residencia o de trabajo.

El éxito parlamentario del PNV se vio moderado por las advertencias, tanto de socialistas como de populares, en el sentido de que su proposición contiene serias deficiencias técnico-jurídicas. Una vez tomada en consideración por el Senado la propuesta seguirá su tramitación normal como proposición de ley en el Congreso y volverá a la Cámara Alta. Un largo recorrido en el que puede asegurarse que sufrirá serias transformaciones.El senador del PNV Pedro José Caballero Lasquibar defendió ante el pleno de la Cámara la necesidad de solucionar las dificultades con que se encuentran muchos ciudadanos a la hora de colaborar con la policía y la justicia en supuestos de delitos cometidos por terroristas, bandas armadas o grupos criminales organizados. El temor a las posibles represalias que atenaza a estos ciudadanos y el vacío legal, existente en nuestro país, llevó al grupo vasco a proponer una serie de medidas legales que, según insistió Caballero, deben reducirse a procesos por delitos cometidos por bandas terroristas o criminales.

El "encapuchado"

El senador vasco propuso que la protección que trata de otorgar esta ley a confidentes, peritos y testigos se extienda también a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad "que intervienen habitualmente en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado". Citó en apoyo de sus propuestas la legislación existente en Italia, Alemania y Estados Unidos, así como resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

La propuesta trata de garantizar el secreto de la identidad de los denunciantes, testigos o peritos, no sólo en la fase de instrucción judicial, sino incluso durante el juicio, de manera que la propuesta trata, incluso, de ocultar la imagen física de estas personas, además de su identidad, domicilio, lugar de trabajo u otras que permitiesen seguir su pista, salvo para los jueces y el fiscal.

La proposición pide también protección policial, no sólo para los confidentes, sino también para sus familias, además de indemnizaciones, en el caso de que pudieran sufrir agresiones por su actuación en un proceso.

El resto de los grupos parlamentarios apoyó la propuesta del PNV, pero con serias objeciones técnicas. Rosa Vindel, en nombre del grupo popular, expresó su perplejidad ante algunos de los contenidos de la proposición de ley e ironizó, por ejemplo, sobre la posibilidad de que un testigo perito o denunciante declare, ocultando su imagen física, "en lo que podríamos llamar", dijo la senadora, "el juramento del encapuchado y que podría vaciar de contenido el delito de falso testimonio".

Vindel expresó sus dudas sobre si la propuesta incluye también al narcotráfico y a las organizaciones que pululan alrededor. La portavoz popular se refirió al inadecuado tratamiento que da la propuesta a los miembros de las fuerzas de seguridad ya que, por una parte, "mete a todos en el mismo cesto", y por otra, no contempla ningún tipo de beneficio ni indemnización para los agentes policiales.

Ángel Galán, en nombre del grupo socialista, defendió el voto favorable a la proposición vasca, pero también hizo advertencias sobre su contenido. Para Galán, "el control judicial del proceso criminal es sagrado y tiene que quedar necesariamente salvaguardado".

El senador socialista se preguntó quién debe decidir cuándo se aplican estas disposiciones excepcionales y objetó que resulta extraordinariamente peligroso el dejar a la vía reglamentaria las normas para la concesión de nueva identidad a un confidente, tal y como quiere el proyecto del grupo vasco.