Los traficantes de armas de Marbella operaban con Panamá, Bolivia y Uruguay

La red de traficantes de armas desmantelada la semana pasada en Marbella (Málaga) tenía certificados falsos de último destino de Panamá, Bolivia y Uruguay, que les servían para dar cobertura al transporte de material bélico a países en guerra, como Bosnia. Responsables policiales que han dirigido la investigación temen que España se convierta en un nido de traficantes internacionales de armas si no se aborda con urgencia una reforma legal que permita combatir esta nueva forma de delincuencia.

Los responsables policiales españoles son muy pesimistas sobre la posibilidad de que los tres presuntos traficantes detenidos el pasado día 28 en la Costa del Sol -los austriacos Robert Breiner y Peter Rohacek y el danés de origen iraní Parviz Sigurdsson- sean condenados por los tribunales.Este pesimismo, sostienen, no obedece a la falta de pruebas, ya que entre la abundante documentación incautada, la mayor parte en inglés y alemán, figuran certificados oficiales falsos y evidencias de la práctica de sobornos, así como de ventas de armas a países sometidos a embargo internacional. El problema radica en la dificultad de encajar las actividades ilegales de la red en la legislación española ya que, aunque las operaciones se dirigían desde territorio español, se desarrollaban en el extranjero.

Las armas no eran españolas sino, en su mayoría, de países del Este de Europa y ni siquiera pasaban por territorio español. Los detenidos no son españoles y los funcionarios que presuntamente facilitaban los certificados falsos de último destino que servían como cobertura, incurriendo en un delito de cohecho, tampoco serían españoles, sino diplomáticos de terceros países.

La reciente reforma de la ley de contrabando, que convirtió en delito la exportación ilegal de armas, es de dudosa aplicación a un caso en el que no ha existido exportación de armas desde territorio español.

Extradición a Bolivia

Fuentes policiales españolas dan por hecho que la red desarticulada no es la única que funciona en la Costa del Sol, pero temen que este tipo de actividades proliferen si el Estado no se dota de instrumentos legales para combatirlas.Los presuntos traficantes tenían en su poder, según las mismas fuentes, certificados falsos de último destino de tres países latinoamericanos -Panamá, Bolivia y Uruguay-, que servían para dar apariencia legal al tráfico de armas. Las autoridades panameñas, informadas por la policía española, destituyeron a finales del pasado mes de julio a su vicecónsul en Barcelona, Victoria Uribe, que ha perdido su estatuto diplomático.

El Gobierno boliviano, por su parte, ha iniciado los trámites para pedir la extradición de los detenidos. Fuentes de Exteriores consideran que, pese a no existir tratado de extradición entre los dos países, la entrega es posible. No ha habido todavía reacción de las autoridades uruguayas.

La red de Marbella contaba también con un certificado de último destino para Albania de carros de combate rusos, que iban a ser transportados en supuestos aviones de la ONU, pero la policía sospecha que iban dirigidos a la antigua Yugoslavia, al igual que una partida de armas checas aparentemente compradas por Panamá. Además, estaba en marcha una operación para vender radares de cazas Mig rusos a Irán.