IRPF

La polémica sobre el IRPF se ha hecho virulenta. Más allá de lo concreto, toca aspectos sensibles de la naturaleza del actual Estado español. Para afrontar la cuestión hay que partir de que la solidaridad es algo que se puede defender desde dentro de una nación, pero no imponer desde fuera sin riesgo de convertirla en su caricatura. No se pueden oponer entre sí libertad nacional y solidaridad entre pueblos -como hacen cada uno a su manera Ibarra y Colom- sin que ambas queden desvirtuadas.Es claro que lo democrático sería que tanto la nación catalana como la andaluza u otras Poseyeran el control y gestión total de sus recursos, siendo libres para definir su destino. Ni una ni otra pueden hacerlo, ya que la Constitución española se sustenta en la negación de sus derechos a la soberanía nacional.

Pujol asume y se beneficia políticamente de esta situación. Afirma, de una parte, que "Cataluña es España", y, de otra, reclama constantemente un trato único; es decir, al aceptar el Estado de las Autonomías no reivindica derechos, sino privilegios. Por ello sólo quiere como interlocutor al Gobierno español, con quien comparte el mismo modelo económico liberal que genera y ampara las desigualdades sociales y territoriales que desea proteger. Por su lado, el Gobierno español del PSOE juega a presentarse como paternal protector de Andalucía, mientras la mantiene en el subdesarrollo económico y bajo férrea tutela política.

Cuando Colom denuncia que "el norte paga al sur" manifiesta una amnesia selectiva sobre cómo se produjeron combinadamente desarrollos y subdesarrollos. No tiene en cuenta la deuda histórica contraída con Andalucía. Es parcial al limitarse sólo a la distribución de los presupuestos públicos sin sumarle elementos como las transferencias de capital, mercados, etcétera, con los que desde Andalucía se nutre al norte. Cuando la Junta de Chávez insulta a Colom sólo pretende, a su vez velar, su condición de Quisling al servicio del Gobierno español.

Que nadie se equivoque: la causa de las desgracias de Andalucía no reside en Barcelona o Bilbao, sino en Madrid, que es donde está el poder político. Es de justicia que se compense a Andalucía hasta que exista una igualdad real, cuyo índice hay que medir, por ejemplo, en porcentajes de desempleo. Igualmente justo y necesario es que esa transferencia sea fruto de una decisión libre. Si el Estado español actual, como es evidente, no lo permite, lo razonable es constatar que este Estado no le sirve a Andalucía.-