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Anulada la provisión de una cátedra por parcialidad del presidente del tribunal

Jesús de Miguel pidió por escrito el apoyo para su candidato

"Es un favor que estoy seguro que Pep sabrá agradecerte eternamente". Esta frase es un fragmento de una larga carta enviada por el catedrático de Sociología de la Universidad de Barcelona, Jesús de Miguel, a un número indeterminado de personas pidiendo apoyo para un candidato en un concurso de cátedra. De Miguel era, además, el presidente del tribunal que decidía. Su canditato, Pep (Josep Rodríguez) obtuvo la plaza pero la Universidad ha anulado la adjudicación al apreciar parcialidad en la actuación del presidente.El concurso para otorgar una cátedra de Sociología en la Universidad de Barcelona, celebrado los días 11 y 12 de junio pasado, concurrieron tres candidatos. Uno, el protegido del presidente. Los otros dos, enseñan actualmente en la Universidad Autónoma de Barcelona: Carlota Solé y Louis Lemkow. Una cuarta persona, de la Universidad de Zaragoza decidió no presentarse. El tribunal estaba formado, además de por De Miguel, por Manuel García Ferrando (Universidad de Valencia), Juan Díez Nicolás y Luis González Seara (Universidad Complutense) y Joan Estruch (Universidad Autónoma de Barcelona).

Leinkow se retiró tras superar el primer ejercicio por considerar que la decisión estaba tomada de antemano, y que por muy bien que le fuera, a otro le iría mejor. Decidió no impugnar el concurso, pero remitió una carta a los responsables universitarios mostrando su disconformidad con el proceso. Fue la catedrática Carlota Solé, la que decidió impugnar el resultado del concurso tras la decisión final del tribunal de otorgar la plaza al protegido de De Miguel por tres votos contra dos.

Una 'carta privada'

Una comisión académica de la Universidad de Barcelona, presidida por el rector, Josep Maria Bricall, y formada por seis catedráticos elegidos por el claustro analizó los hechos y, decidió anular todo el proceso al haber apreciado una actitud parcial a favor de uno de los candidatos en el propio presidente del tribunal.La base de esta decisión es una carta firmada por Jesús de Miguel, aportada en la impugnación, en la que se solicita claramente el apoyo a Josep Rodríguez en las pruebas.

La comisión llamó a De Miguel, que no pudo ser localizado por este diario, para pedirle explicaciones de su comportamiento y conocer su versión de los hechos. El presidente del tribunal alegó entonces que el escrito era una carta privada remitida a un amigo, en papel ajeno a la Universidad, y no en calidad de presidente del tribunal. De Miguel solicitó a la comisión académica que se respetara el derecho a la confidencialidad de su correo personal. El recurso afirma que fue remitida a una cantidad indeterminada de gente, desde alumnos de doctorado hasta colaboradores suyos.

En la misiva, De Miguel explica cómo es el proceso del concurso, las partes de que consta y el "ritual". Pero no se detiene ahí. Indica al receptor que bajo ningún concepto debe permanecer en la sala mientras intervenga un candidato que no sea Rodríguez. Se debe permanecer en la sala "cuando hable él, pero nunca cuando hablan los otros candidatos. El ritual señala que las personas que apoyan a un candidato no se quedan a oír a ningún otro (aunque sea medio amigo), e incluso que marchan fuera de la sala ostensiblemente cuando empiezan a hablar. El tribunal calibra el apoyo a un candidato dependiendo de las personas que están escuchándole..."

La carta aventura también cuál será el comportamiento de los miembros del tribunal en algún momento de la prueba. Al relatar el funcionamiento de la primera parte de la oposición, señala que el tribunal puede preguntar a los candidatos pero "algunos miembros no lo harán".

La decisión de la comisión académica consiste en anular totalmente los actos relacionados con el concurso y, por consiguiente, la cátedra vuelve a quedar vacante y podrá ser convocado un nuevo concurso para su ocupación. El hecho de que la anulación se efectúe por la irregularidad del presidente del tribunal no conlleva ningún tipo de sanción hacia el mismo, a pesar de que se trate de un funcionario que haya actuado con parcialidad manifiesta. El castigo, afirmaron fuentes universitarias, consiste sólo en anular la decisión.

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