La presidencia belga de la CE promete implantar un permiso familiar de 3 meses

La ministra de Empleo y Trabajo de Bélgica, Miet Smet, ha anunciado que el Gobierno de este país está a punto de conseguir el desbloqueo de dos directivas comunitarias beneficiosas para la mujer, que se encuentran congeladas desde hace diez años. El Gobierno belga ejerce este semestre la presidencia de la CE. La primera de estas directivas trata de implantar un permiso parenteral de tres meses, complementario al actual de maternidad, a disfrutar indistintamente por el padre o la madre, para atender asuntos relacionados con la familia. La segunda propone establecer que en los casos de denuncia por discriminación, no sea la mujer, sino la parte acusada, la que tenga que aportar las pruebas.La ministra anunció que, si su Gobierno logra superar los últimos escollos, las directivas podrían ser aprobadas antes de finalizar este año, según dijo el lunes en la II Cumbre de Mujeres Europeas, organizada por el Consejo Internacional de Mujeres y la Comisión Europea.

La primera directiva, sobre el permiso parenteral, fue redactada en 1983, en el marco del Primer Programa sobre Igualdad de Oportunidades, y su propósito era conceder "un permiso parenteral por motivos familiares, en condiciones armoniosas y sin discriminación por razón de sexo". El texto quedó bloqueado en 1985 tras ser remitido al Consejo de Ministros. Este tipo de permiso existe ya en algunos países miembros, pero en condiciones distintas en cada caso.

En la propuesta se planteaba un permiso de tres meses a cada uno de los cónyuges, sin que fuera transferible del uno al otro, que podía ser tomado durante los dos primeros años de la vida del niño, o los cinco, si éste es adoptado o minusválido.

La propuesta incluía una segunda modalidad de permiso, ésta sin especificar la duración, para atender asuntos familiares de emergencia, como una grave enfermedad de algún miembro de la familia. La propuesta dejaba a los Estados miembros la decisión sobre si estos permisos debían ser remunerados o no, aunque especificaba que en caso de serlo, no sería a cargo del empresario, sino de fondos públicos.

Papel mojado

La segunda directiva, denominada Inversión de la carga de la prueba, pretende que cuando una mujer presenta una denuncia por discriminación, no sea ella quien tenga que aportar las pruebas, sino que sea la parte demandada la que tenga que demostrar que no se ha producido discriminación por razón de sexo. La propuesta incluye mecanismos de valoración objetiva por instancias ajenas a las partes en litigio.

Esta directiva debía completar, de hecho, las normas comunitarias sobre igualdad de remuneración y de trato entre mujeres y hombres. Estas normas permiten que una mujer o un hombre puedan denunciar al empleador si considera que ha sido discriminados por razón de su sexo. En la práctica, las denuncias casi nunca prosperan porque es muy difícil aportar pruebas que demuestren la discriminación.

Sin la directiva destinada a invertir la carga de la prueba, la legislación sobre igualdad de oportunidades queda muchas veces en papel mojado, según Miet Smet. El proyecto de directiva sufrió diversos avatares y finalmente fue sometida a la aprobación del Consejo de Ministros en mayo de 1988, pero la oposición radical de Gran Bretaña la dejó sobre la mesa sin aprobación. Ambas directivas cuentan ya con el apoyo de todos los países de la CE, excepto el Reino Unido.