El Gobierno aragonés pide que se implante un canon por los trasvases del Ebro

El Gobierno aragonés, que preside el socialista José Marco, ha presentado varias alegaciones al Plan Hidrológico Nacional, entre ellas una en la que propone "la implantación de un canon por la utilización del agua proveniente de transferencias de caudales". El consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno, Ramón Tejedor, declaró ayer que las alegaciones cuentan "con el aval" de Felipe González, según le transmitió al presidente aragonés, José Marco, en la reciente entrevista que mantuvieron ambos.

El Ejecutivo aragonés señala que este canon, "que incomprensiblemente ha desaparecido del actual proyecto de ley", contribuiría a limitar las demandas "injustificadas de transferencias".El Partido Aragonés (Par), que ayer hizo públicas sus alegaciones, entiende que dicha propuesta "significa que el Gobierno aragonés acepta implícitamente los trasvases", según declaró el portavoz Juan Antonio Bolea. "Me siento avergonzado; es vergonzoso y vergonzante, esto es impensable y va a traer mucha cola", precisó. En sus alegaciones, el Par se opone "tajantemente" a los cinco trasvases recogidos en el anteproyecto del Plan Hidrológico Nacional, según Bolea: a la cuenca del norte, Barcelona, Sagunto (Valencia), Murcia y a la cuenca del Guadalquivir.

El portavoz aragonesista anunció movilizaciones en contra del trasvase del Ebro y recordó la manifestación del 23 de abril, en la que "130.000 aragoneses reclamaron la autonomía plena y dijeron no a los trasvases".

El Gobierno de Aragón considera que trasvasar agua de una cuenca a otra tendrá "graves inconvenientes económicos, ecológicos y políticos". Antes de acometerse los trasvases, que han de considerarse como "una posibilidad extrema", deben realizarse, las obras incluidas en el pacto del agua, suscrito por todos los grupos de las Cortes de Aragón, agotar antes otros recursos, "no realizar transferencias para usos no imprescindibles, limitar al máximo el volumen real de aguas a transferir, y la presencia de Aragón en los órganos rectores de la entidad de derecho público para el equilibrio hidráulico nacional".

Otras alegaciones del Gobierno regional se refieren a que se incluya "de la forma más explícita posible" el pacto de agua y la relación de obras, los embalses con sus nombres, por valor de 221.000 millones de pesetas, en el Plan Hidrológico Nacional. El Ejecutivo considera que la previsión de reservas de 11.200 hectómetros cúbicos al año para la cuenca del Ebro, recogida en el Plan Nacional, garantiza las necesidades de Aragón, 6.550 hectómetros cúbicos al año", en los próximos 20 años.

Por otra parte, el Par solicita la paralización de la tramitación del Plan Hidrológico Nacional "en tanto no hayan sido aprobados los planes de las diferentes cuencas". También pide que el Plan Nacional recoja "Iiteral e íntegramente" el pacto del agua.

Los aragonesistas consideran que la cuantificación de recursos realizada en la cuenca del Ebro, en cuanto a Aragón se refiere, "se ha realizado por defecto". Entre otras razones, porque sostienen que la superficie susceptible de regar en esta comunidad "debe cifrarse en torno a las 800.000 hectáreas".

* Este artículo apareció en la edición impresa del jueves, 30 de septiembre de 1993.

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