Solidaridad y redistribución en el modelo autonómico

El producto interior bruto (PIB) por habitante de Extre madura es, según cifras de 1992, 2,15 veces inferior al de Baleares. Pero la distancia entre las que son, respectivamente, la región más pobre y la más rica de España queda sustancialmeñte reducida comparado su renta familiar disponible (RFD), un concepto que también tiene en cuenta las transferencias de renta.Gracias a las prestaciones sociales, a las subvenciones y los apoyos financieros, la RFD extremeña es únicamente 1,4 veces menor que la de Baleares Si el PlB per cápita de Extrema dura equivale al 64% de la me dia nacional y el de Baleares a 138%, sus RFD por habitant, representan, en cambio, el 830/ y el 120%.

Similarei acortamientos di las distancias, y ello a costa di una reducción de las rentas familiares de las regiones más ricas, se verifica en todos los casos: el desarrollo del Estado de las autonomías, y particular. mente el que ha tenido lugar en los últimos años, tiene un sesgc claramente redistribuidor a favor de las regiones pobres.

Los datos del cuadro (los relativos a la RFD están, además, corregidos por los índice,, de precios de cada región, que son relativamente menores en las más pobres) confirman los efectos de la política de solidaridad seguida hasta el momento y que constituye uno de los aspectos más característicos del Estado del bienestar español: en el periodo 1985-1992, la RFD per cápita de regiones como, Andalucía, Extremadura, Galicía, Castilla y León, Asturias o Cantabria -estas dos últimas, en clara fase de declive económico- progresó con respecto a la media nacional.

Pero, paradójicamente, ello ocurrió en un periodo en el que el PIB de todas ellas, es decir, su capacidad productiva real, empeoró con respecto al conjunto. Entre 1985 y 1992, el PIB de Extremadura cayó más de tres puntos respecto de la media nacional. El de Andalucía descendió desde el 70,8 al 69,5 en relación con esa media. El de Castilla y León, del 90,9 al 87,9. El de Asturias, del 96,5 al 87, 1, y el de Cantabria, del 97,4 al 92,1. El de Galicia descendió cuatro décimas.

Ello indica que en uno de los periodos de más alto crecimiento económico se ha vuelto a abrir el abanico de los PIB regionales. Hasta 1979 (y sobre todo por efecto del descenso demográfico que hasta entonces la emigración había provocado en las regiones menos favorecidas), la distancia disminuyó en términos de capacidad productiva real.

Posteriormente, el proceso se estancó. Durante el boom económico de los años ochenta la diferencia ha vuelto a aumentar, revelando la gravedad de los problemas de fondo de esas economías y el escaso impacto que en los mismos han te nido los mecanismos de apoyo solidario y las transferencias. Andalucía (con un 32,3%) y Extremadura (con un 30,2%) dan los más altos índices de paro en la última Encuesta de Población Activa.

Como inevitable contraparida del mecanismo redistributivo, y dado que los fondos públicos que se transfieren a las pobres se detraen, en última instancia, de las demás, las regiones ricas presentan una relación entre la evolución de sus PIB y la de sus RFD claramente peor que las de las pobres. Hasta ahora, sobre todo en las épocas de crecimiento generalizado, nadie ha protestado. Pero últimamente se empiezan a oír críticas.

Los gastos sociales represenan la mayor parte de las citaas transferencias de renta. Entre 1981 y 1991, el gasto total en Seguridad Social (pensiones, desempleo, gastos sanitarios) creció un 14,03% al año y pasó de 2,5 a 9,4 billones de pesetas. Pero aumentó por encima de la media en Canarias (16,2%), Extremadura (15,8%), Castilla-La Mancha (14,8%), Andalucía y Galicia (14,7% en ambos casos), Baleares (14,5%) y Castilla y León (14,3%); en 1981, el conjunto de dichas regiones absorbió el 39,6% de todo el gasto social; en 1991 recibió el 42,6%. En esa década la aportación del Estado (es decir, de los impuestos) a la financiación de la Seguridad Social creció desde el 20,2% al 30,9%. El 80% de la financiación restante es aportada por las empresas, y el 20%, por los trabajadores cotizantes, sea cual sea su ubicación geográfica.

De la magnitud de estas cifras se desprende que la incidencia económica y social de las mayores prestaciones sociales que reciben las regiones más pobres, y las que sufren un declive industrial, es infinitamente superior a las consecuencias que podría tener el menos solidario de los sistemas que se adopten para ceder el 15% del IRPF a las comunidades autónomas.

Gastos sociales

Los gastos sociales representan el 20,6% de la RFD española, cifra muy inferior a la que se registra en los países más avanzados de la CEE. Pero en 1991 supusieron el 28,4% de la RFD asturiana, el 25,8% de la extremeña, el 23,6% de la andaluza o el 23,4% de la de Cantabria y del País Vasco (una región que a su particular sistema de financiación suma las transferencias destinadas a la reconversión industrial). Por contra, los gastos sociales únicamente representaron el 17,7% de la RFD madrileña, el 17,8% de la de Baleares, el 18,3% de la catalana o el 18,6% de la del País Valenciano.

Otros instrumentos específicos con que cuenta el Estado se destinan también a reducir las diferencias regionales. El Fondo de Compensación Interterritorial tiene una dotación de 128.000 millones de pesetas para 1993. Cerca del 40% del fondo se destina a Andalucía; el 18,3%, a Galicia y Extremadura; Castilla-La Mancha, y Castilla y León reciben, respectivamente, el 9%. Sin embargo, este año Extremadura recibirá casi 11.000 pesetas por habitante; Galicia, 8.600; Andalucía, 7.300, mientras que Castilla y León sólo obtendrá 4.500, y Castilla-La Mancha, 6.700.

Los llamados incentivos regionales, que- se destinan al fomento de iniciativas empresariales en regiones atrasadas, ascendieron a más de 27.000 millones de pesetas en 1992. Finalmente, los fondos estructurales de la Comunidad Europea representaron el 0,9% del producto interior bruto español en el periodo 19891993, y los cerca de seis billones de pesetas que España debería recibir entre 1994 y 1999 por este concepto equivaldrán al 1,5% del PIB de cada año.

La mayor parte de los mismos se destinan a financiar proyectos en regiones cuyo PIB por habitante sea inferior al 75% de la media comunitaria. Entre 1989 y 1992 el FEDER, el más importante de los fondos, destinó expresamente a comunidades autónomas 272.350 millones de pesetas, y la Administración central, 412.630 millones. El 30% de estas inversiones recayó en Andalucía; el 15%, en Galicia; más del 10%, en Castilla y León, y cerca del 8%, en Extremadura, Castilla-La Mancha y Canarias.