Lo principal y lo urgente

DURANTE TODA la campaña electoral y en las semanas transcurridas desde la formación del nuevo Gobierno, el mensaje fundamental transmitido a la sociedad ha sido el de la necesidad de corregir el principal desequilibrio de la economía española: el incesante aumento del desempleo, que afecta oficialmente al 23% de la población activa. Sin embargo, conforme se ha ido avanzando en el diagnóstico de la situación, las autoridades económicas, llegaron a la conclusión de que para resolver el problema principal era prioritario atajar el desequilibrio más urgente: el déficit público, que se encuentra totalmente descontrolado.La dialéctica entre lo principal y lo urgente es la que ha llevado a las negociaciones sobre un pacto social a un callejón sin salida, puesto que los agentes sociales no admiten esa diferenciación. Por el contrario, el Ejecutivo opina que la reducción del déficit público es la condición imprescindible de cualquier economía para crear puestos de trabajo.

Los Presupuestos del Estado, cuyo borrador para 1994 fue aprobado ayer, reflejan esa posición: el déficit público se ha convertido en los últimos años, en todas las economías desarrolladas, en el obstáculo decisivo para la eficacia de las medidas de reactivación ensayadas frente a crisis anteriores. Por ello, la austeridad de los Presupuestos, y su compatibilidad con el mantenimiento de un nivel de inversión pública que impida un colapso total de la demanda, se había convertido en la prueba del nueve de la voluntad del Gobierno de rectificar errores anteriores: esa combinación de amenaza de limitaciones drásticas -que le ganaron la animadversión sindical- y creciente descontrol del gasto -que obligó a practicar una política monetaria restrictiva, cuando la crisis exigía lo contrario-.

Por tanto, tres interrogantes principales plantea el proyecto: su adecuación a la coyuntura como pilar básico de la política económica, la credibilidad de su ejecución y la posibilidad de su aprobación.

Adecuación a la coyuntura: eliminada a prior¡ por el Ejecutivo la posibilidad de disminuir globalmente el desempleo durante 1994 (no sólo no se reduce en las previsiones, sino que aumenta en otras 150.000 personas), sus líneas básicas parecen adecuadas para corregir el otro desequilibrio básico, entre ingresos y gastos públicos; la congelación del gasto en casi todas las partidas es consecuencia directa de la recesión y, más específicamente, de la evolución del déficit. Las excepciones se refieren a la inversión en infraestructuras (que crecerán al 15%), al gasto social (que lo hará al 6%) y a las medidas fiscales para incentivar la inversión privada (particularmente, de las pymes). El Gobierno pretende, pues, hacer de la política presupuestaria una pata efectiva de la política económica -junto a la monetaria y a la política de rentas esbozada en la propuesta de pacto social-, equilibrando así sus mecanismos. Había que hacerlo. Y se pretende hacerlo con las solas excepciones de medidas selectivas de orientación reactivad ora y levemente anticíclica (lo que le venía siendo exigido prácticamente desde todas las tribunas públicas), y del gasto social, que, aun creciendo más que la inflación, deberá ser reestructurado en algunas de sus líneas para evitar abusos y crecimientos exponenciales.

El proyecto está, pues, repleto de buenas intenciones en este aspecto. ¿Tiene credibilidad? Esa es otra cuestión, sobre la que sólo podrá emitirse una opinión solvente cuando se conozca la letra pequeña. Las vacilaciones, globos sonda e informaciones contradictorias emitidos en los últimos días, tanto sobre el cuadro macroeconómico previsible cuanto sobre la conceptuación y contabilización de cada gran partida presupuestaria, no favorecen la confianza de los mercados ni de la opinión pública. Estas contradicciones deben acabar desde el momento en que existe ya un proyecto de Presupuestos. Queda la duda de saber si reflejaban una ausencia de línea clara del actual Ejecutivo o sólo una actitud menos dogmática del nuevo equipo económico. El que ese equipo se haya decidido a desvelar la magnitud " real del déficit, renunciando al maquillaje -ocultar parte de las obligaciones financieras a largo plazo-, puede ser una forma de garantizarse resultados menos negativos en los próximos ejercicios; pero esa decisión revela también la voluntad de hacer de este comienzo de legislatura un punto y aparte de la política económica. Las cifras de muestran el carácter descontrolado del déficit público, esto es, el apabullante descenso de los ingresos combinado con el aumento de los gastos. Si esas tendencias no están perfectamente reflejadas en el proyecto, éste se convertirá en papel mojado, inane, por tanto, para reequilibrar las grandes cifras de la economía española, y de nula eficacia para coadyuvar a la suave reactivación prevista y, por consiguiente, para reducir el desempleo.

En tercer lugar está la cuestión de los apoyos políticos. La inclusión de medidas de apoyo fiscal a las empresas debiera garantizar, por lo menos, la no hostilidad al documento de los nacionalismos moderados.

El Gobierno, en todo caso, dispone por fin de una carta de marear, ciertamente perfeccionable por vía de negociaciones y enmiendas en el Parlamento. Pero lo que le es exigible ya es que actúe desde este momento en perfecta consonancia con lo que acaba de aprobar. Incluyendo, de modo imprescindible, las garantías de que esta medicina de caballo para la mayoría de la sociedad acabará, surtiendo efecto en el momento en que llegue la reactivación internacional.