Con las espadas en alto

La reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se celebra hoy en Madrid, es la primera desde hace algo más de año y medio; exactamente desde que se cerró el acuerdo de financiación autonómica para 1992-1996. En ese acuerdo se renovaron las relaciones financieras entre la Administración central y las comunidades, con un coste para la caja general que rondó los 100.000 millones de pesetas.Salvada la urgencia de un sistema cuya vigencia acababa el pasado año, los representantes del Gobierno y de las comunidades autónomas dieron un paso más para intentar romper el muro contable entre ambos. Acordaron ser más transparentes y más rápidos en sus relaciones financieras. No fueron, sin embargo, capaces de llegar a acuerdos sobre los asuntos más de fondo: la corresponsabilidad fiscal y la nivelación de servicios mínimos.

Se formaron entonces sendos grupos de trabajo para hacer propuestas. La comisión que debería definir, antes de junio del pasado año, cuáles son los servicios fundamentales que debe prestar una comunidad y cuál es la financiación adecudada, no ha llegado a conclusiones conocidas. El grupo de la corresponsabilidad fiscal sí que ha venido funcionando, aunque sin realizar una propuesta formal.La iniciativa la ha llevado el Ministerio de Economía y Hacienda, cuyo titular preside el Consejo de Política Fiscal y Financiera, formado también por el ministro para las Administraciones Públicas, los dos secretarios de Estado y los consejeros de Economía y de Hacienda de las 17 comunidades autónomas.

La reunión de hoy debería ser el paso final, pero el acuerdo se presenta difícil. El Gobierno quiere cerrarlo cuanto antes -para que entre en el proyecto de ley de presupuestos-, pero para ello tendrá que conciliar intereses tan distintos como los que mueven a las comunidades gobernadas por el PP o a Extremadura, Cataluña y Valencia.