De la necesidad de apoyo a la virtud de pactar

Romper la imagen de que los nacionalistas arrancan cuantas concesiones se proponen, por la necesidad que el PSOE tiene de sus votos en el Parlamento, se ha convertido en una obsesión para el Gobierno. Sometido a las presiones de los sindicatos y de la CEOE para alcanzar un pacto social, y a las exigencias de Convergència i Unió para el traspaso del IRPF a las autonomías, el Gobierno se ha encontrado además con que Alfonso Guerra le pone piedras en el camino. El vicesecretario general del PSOE ha alentado la sospecha de que los gobernantes socialistas están sometidos al chantaje de los nacionalistas, hasta el punto de tener que salir al paso el ministro de la Presidencia, Alfredo Pérez Rubalcaba.El Gobierno mantiene hoy abiertos tres frentes distintos -IRPF, Presupuestos para 1994 y pacto social-, lo que ha transmitido la imagen de una intensa, pero en ocasiones descontrolada, actividad negociadora. El anuncio del ministro para las Administraciones Públicas, Jerónimo Saavedra, al presidente de la Generalitat sobre la cesión del 15% del IRPF ha quedado ante la opinión pública como una cesión a Pujol, cuando figuraba en los programas socialistas. Y sólo después de que Felipe González haya tranquilizado al líder socialista extremeño, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, ha quedado atajada una incipiente rebelión en el seno de su propio partido, aunque persisten las reticencias de otros dirigentes regionales muy importantes, como Joan Lerma y Manuel Chaves.

Una vez que CiU ha conseguido aparecer como la fuerza parlamentaria que arranca concesiones a un partido que ha usado y abusado de la mayoría absoluta, los socialistas quieren mostrar que en absoluto son rehenes de los nacionalistas. El Gobierno quiere abrir cuanto antes negociaciones con otros grupos parlamentarios, y compensar el énfasis puesto en las relaciones con Jordi Pujol.

Representantes del Gobierno y, del Grupo Parlamentario Socialista iniciarán conversaciones para pactar la elección del nuevo consejo de administración de RTVE, así como del Defensor del Pueblo y de cinco vocales del Poder Judicial, una de cuyas vacantes se debe al nombramiento de Juan Antonio Belloch como ministro de Justicia. En los dos primeros casos, el PSOE necesita contar con el apoyo del PP para alcanzar la mayoría exigida, 210 de los 350 diputados.

En un intento de mostrar que dinamiza la política autonómica, el PSOE retomará esta semana la reforma del reglamento del Senado, y ha incluido en el pleno del Congreso la modificación de los estatutos de autonomía de la Comunidad Valenciana, Cantabria, Murcia y La Rioja. Una reforma destinada a facilitar la trasferencia de nuevas competencias y que afectará a otras seis comunidades autónomas.

Obligado por la necesidad de apoyo en el Congreso y en el Senado, el Gobierno ha entrado en la discusión largamente demandada por el PNV para transferir a Euskadi 54 competencias pendientes. Los nacionalistas vascos prefieren, al menos hoy, permanecer fuera de un Gobierno con menor capacidad recaudatoria y con una grave crisis económica.

Este cerco nacionalista ha situado a los socialistas en una imagen de acoso, de la que ahora se esfuerzan en salir. De escuchar casi impávidos las exigencias de Pujol y Arzalluz, han pasado a advertir que los límites de cualquier concesión son "los intereses generales".

Estabilidad

El líder socialista intervino el martes en la reunión de la ejecutiva federal del PSOE para defender la estrategia de pactos como un valor prioritario para toda la legislatura. El martes acudirá a la reunión del Grupo Socialista para defender esa idea, con el argumento de que España necesita estabilidad, porque sólo así disminuirá la incertidumbre y aumentará la confianza para invertir y crear riqueza.Los sindicatos reprochan al Gobierno tener que afrontar esfuerzos no ya para crear puestos de trabajo si no para detener la destrucción de empleo, pero parecen haber asumido que sólo con un pacto arrancarán alguna compensación a sacrificios que habrían sufrido de uno u otro modo.

Desde la perspectiva del Gobierno, "se trata de conseguir que los Presupuestos impulsen la actividad productiva y reduzcan el déficit público, como pretende el PSOE, CiU y el PNV, sin que eso afecta al gasto social, o lo haga lo menos posible, como reclaman los sindicatos".

La CEOE, por su parte, se ha comprometido a no romper la baraja, a la vez que CiU, convertida en buen representante de los empresarios, lograba un compromiso del Gobierno para una reforma fiscal que estimule la actividad económica.

En la última negociación PSOE-CiU, el Gobierno prometió presentar en breve plazo propuestas para rebajar el impuesto sobre sucesiones y sobre sociedades. Incluso aceptó estudiar, según CiU y PNV, las condiciones en que podrían acogerse a una vacación fiscal las pequeñas y medianas empresas de nueva creación.