"Reducir el déficit es fundamental, pero también hay que reactivar la economía"

Lleva muchos años al frente de la política económica, pero en la sombra. Ahora no para de estar en el candelero porque tiene ante sí la compleja tarea de reducir el déficit público y de establecer un nuevo mecanismo para la financiación autonómica. Enrique Martínez Robles, de 48 años, cuenta para ello con una preparación técnica puesta a prueba en una larga experiencia y un talante personal donde no asoma la prepotencia.

Enrique Martínez Robles ha aterrizado en la Secretaría de Estado de Hacienda con dos frentes abiertos a cual más peliagudo. El primero es la elaboración del Presupuesto del Estado para el año próximo, con el objetivo claro de reducir el déficit público. La tenaza está en los sindicatos, que no admiten un recorte en las prestaciones sociales, y en Convergència i Unió, que pone como condición un cambio en la política económica para apoyar los presupuestos. Martínez Robles reitera que se va a mantener el gasto social y anuncia el estudio de ventajas fiscales para las empresas que inviertan y creen empleo.Además, tiene el patio autonómico revuelto con la polémica cesión del 15% del impuesto sobre la renta. El secretario de Estado de Hacienda aspira a pacificar los ánimos y poner algo de sentido común en este debate cuando afirma que "nadie va a resultar perjudicado por el nuevo sistema", porque se parte de un mecanismo previamente equilibrado. Están previstos, además, mecanismos para "corregir las posibles desviaciones".

Ha heredado también otros conflictos, como el del impuesto sobre actividades económicas, donde, según anuncia Martínez Robles, "está en estudio condicionar la capacidad de los Ayuntamientos para elevar el impuesto". Está decidido, además, a mejorar la lucha contra el fraude fiscal mediante un plan que se centra en el impuesto sobre el valor añadido y, en una primera etapa, en el sector inmobiliario y de la construcción. Quiere impulsar el programa de privatizaciones de empresas públicas y recortar el gasto mediante la eliminación de organismos públicos.

Pregunta. ¿Cuáles son sus objetivos inmediatos al frente de la Secretaría de Estado de Hacienda?

Respuesta. Tenemos que mejorar el mecanismo de la gestión que se desarrolla a través de la Agencia Tributaría, ya que, cada vez más, la sociedad demanda que los impuestos se gestionen mejor. Probablemente, además, no vamos a asistir a un aumento de la presión fiscal por cambios normativos -salvo en los impuestos especiales-, sino que todo va a estar centrado en mejorar la gestión. Esto incluye dos aspectos: conseguir que se puedan cumplir más fácilmente las obligaciones tributarias, para lo cual la agencia tiene que mejorar su aspecto, de prestadora de un servicio público, y, por otro lado, incidir en la necesidad de resolver el problema del fraude fiscal.

P. Los sindicatos han calificado de continuista el documento sobre líneas de política económica y presupuestaria que se les entregó. ¿Hay alguna diferencia respecto de la etapa anterior?

R. Los objetivos políticos siguen siendo los mismos, es decir, sobre todo crear empleo. Para ello hay que reducir el déficit, conseguir que los tipos de interés bajen, que la inversión aumente y podamos asistir a un periodo de recuperación económica. Nosotros vamos a aplicar una línea de política económica donde la reducción del déficit es fundamental, pero también es necesario realizar algunas políticas que reactiven la economía. Desde el punto de vista presupuestario, vamos a mantener el gasto social y a dar un tratamiento especial a la inversión pública.

P. ¿Se mantiene el gasto social con los recortes anunciados en pensiones y en prestaciones por desempleo?

R. Se trata de conseguir todos los objetivos de la mejor manera posible. Hay un criterio global que consiste en que el gasto social aumente el 6% el año próximo. Ello es compatible con las reformas que en estos aspectos se han presentado a los agentes sociales. En cuanto a las pensiones, el mecanismo de actualización mantiene el poder adquisitivo en el año en que se percibe la prestación, con un procedimiento de corrección si la inflación es mayor. En cuanto a las prestaciones del desempleo se trata de racionalizar el sistema para que las ayudas vayan exactamente a las personas que las deben recibir.

P. ¿Se van a relanzar los programas de privatizacIón de empresas en la línea de lo que se ha hecho, por ejemplo, en Francia?

R. Durante este año ya ha habido privatizaciones importantes. Para 1994 hay previstas también mas operaciones de una cierta importancia. Lo que ocurre es que el sector empresarial español no es tan relevante ni tan bueno como el de los ingleses o los franceses. Seguiremos en la línea de privatizaciones llevada a cabo en el curso del presente año, lo que puede acercarse a los 100.000 millones de pesetas.

P. ¿Hay ya una lista concreta de organismos públicos a suprimir?

R. Se está haciendo un rastreo en toda la Administración pública en conexión con las modificaciones que se realicen en toda la estructura y en el régimen jurídico. Los funcionarios afectados serán recolocados en aquellos sitios donde haga falta más personal. Se trata de utilizar bien los medios que tenemos y ahorrar gasto.

P. ¿Qué opina del ultimátum que el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, ha dado al Gobierno para apoyar los presupuestos?

R. Estamos en una situación política en la que el grupo socialista no tiene mayoría y precisa del apoyo de otros grupos. Es necesario acordar una serie de cosas.

P. En este sentido, hay que esperar alguna medida de apoyo fiscal a las empresas, tal como plantea CiU?

R. Habrá actuaciones para reactivar la economía, y estamos estudiando la propuesta de CiU en este sentido. Por ejemplo, diferenciar el tratamiento fiscal entre los beneficios distribuidos y los que no y aumentar la deducción por inversiones. No se descarta recuperar la desgravación por creación de empleo. La sustitución de cotizaciones sociales por IVA se abordará cuando mejore la recaudación.

P. ¿En qué consiste el plan de lucha contra el fraude fiscal?

R. En un primer momento está centrado en el IVA, en especial, tras la situación producida por el nuevo sistema en las relaciones comerciales con la Comunidad Europea, porque pensamos que puede haber fraude en estas operaciones. Vamos a intentar conseguir, en primer lugar, que se cumplan las obligaciones formales. También queremos combartir el fraude del IVA en las operaciones interiores mediante un plan de visitas rápidas, más ágil y eficaz, porque ahora se suele actuar con un cierto retraso. Por último, estamos recopilando información de diferentes sectores, empezando por el inmobiliario y de la construcción, para inspeccionar a fondo. Vamos a hacer todo lo posible con los medios de que disponemos.

P. ¿Se va a modificar el impuesto de actividades económicas como han pedido diferentes sectores económicos y políticos?

R. Se pueden introducir algunas modificaciones en los parámetros, ya sea al alza o a la baja. Estamos estudiando igualmente limitar el margen que tienen los Ayuntamientos para establecer el índice de situación en el IAE.

P. ¿Piensa que está justificada la fuerte polémica suscitada por la participación en el 15% del IRPF?

R. Ahora no estamos modificando el sistema de financiación autonómica, sino introduciendo un mecanismo que permita algún grado de corresponsabilidad. Esto no debe afectar a la cuantía de la financiación que percibirían las autonomías en el caso de que nada cambiara. El punto de referencia es el mismo, es decir, que reciban los recursos necesarios para financiar los servicios que prestan.

P. ¿Si hay alguna desviación al alza significa que las autonomías con más renta, como Cataluña, podrían percibir más y así aumentaría sus desigualdades respecto a, por ejemplo, Extremadura?

R. El mecanismo está diseñado para que las variables no oscilen mucho ni al alza ni a la baja. Las que pierden no lo notarán, porque se les compensará, y las que ganen obtendrán sólo una pequeña ventaja financiera. No está claro, por otra parte, que las comunidades con más renta sean las que proporcionalmente más aumentarán su recaudación por IRPF. En las de menos renta hay un potencial mayor para crecer, entre otras cosas, a través de la lucha contra el fraude.

P. ¿Cómo lo notarán los ciudadanos?

R. Es bueno que los ciudadanos perciban de una forma cada vez más clara que los servicios que les presta su comunidad están financiados con sus impuestos. En el terreno práctico, al ciudadano no le repercutirá en su bolsillo, porque no pagará más que ahora. El único cambio es que en el impreso se reflejará esta situación.