Los sindicatos piden al Gobierno que cambie su oferta de pacto ya que sólo crea 11.000 empleos

Los sindicatos UGT y CC OO van a pedir al Gobierno que cambie radicalmente la propuesta de pacto social. Su argumento central es que el paquete de medidas supone enormes sacrificios para crear sólo 11.000 empleos en 1994. Las centrales proponen para el próximo jueves una nueva sesión negociadora con el Ejecutivo y el Gobierno y el lunes empezarán a elaborar sus ofertas alternativas. Ayer, la ejecutiva de UGT celebró una reunión de urgencia para analizar la situación y su conclusión es que nunca se han planteado medidas "tan duras, regresivas y antisociales".

Las centrales sindicales pretenden que el pacto por el empleo responda realmente a su denominación y tenga como objetivo la generación de puestos de trabajo. Tanto CC OO como UGT consideran imprescindible que en el acuerdo se comprometa "más empleo y que se mantengan los niveles de solidaridad en la protección social".La dirección del sindicato socialista mantuvo ayer un encuentro inusual en fin de semana con el objetivo de estudiar los extensos documentos que le entregó el jueves el Gobierno. Su primera valoración es que las medidas propuestas por los Ministerios de Economía y Trabajo suponen un mal punto de partida. El secretario de acción sindical de UGT, Apolinar Rodríguez, asegura que "sumados todos los sacrificios de trabajadores, funcionarios, parados y pensionistas suponen cinco billones de pesetas, la mayor transferencia de rentas a los empresarios que se haya producido jamás en este país y en toda Europa".

Este sindicato, de común acuerdo con CC OO que mantuvo un encuentro similar el viernes, va a pedir al Gobierno "un cambio de rumbo en las propuestas presentadas".

3,6 millones de parados

Las dos premisas esenciales para las centrales -"más empleo y mantener la protección social"- no se cumplen en su opinión en los escenarios de política económica elaborados por el Gobierno (ver gráfico). Apolinar Rodríguez subrayaba ayer que, en la hipótesis de pacto y con una gran contención salarial, se logran destruir 11.000 empleos menos que sin acuerdo. A ello se añade un agravamiento del paro hasta los 3,6 millones de desempleados y un gran retroceso en la protección social que, entre otras cosas, incluye ahorrar 400.000 millones pese a que se prevén 200.000 parados más.Para el sindicato, el paquete de medidas del Gobierno persigue combatir el déficit público y la inflación, cuando la prioridad debe ser relanzar el crecimiento económico y el empleo. En un documento elaborado por la ejecutiva del sindicato se dice que "el Gobierno se limita a recomendar la contención del gasto social según el objetivo político de reducir el déficit público, mas no se hace una valoración de las causas que han llevado al crecimiento del gasto, señaladamente en desempleo e incapacidad laboral transitoria (ILT), como consecuencia de la precarización laboral que tan nefastas consecuencias comporta para el conjunto del sistema de protección".

El objetivo de crecimiento del 6% en el gasto público le parece técnicamente imposible "a no ser que se adopten medidas tendentes a la reducción de la ya de por sí débil intensidad de la Seguridad Social española". En pensiones, destaca que sólo por el efecto demográfico y por el efecto de sustitución de prestaciones viejas por nuevas, ya hay un crecimiento fijo del 4% como mínimo. A ese porcentaje hay que añadir el coste de la revalorización de pensiones.

Sobre la propuesta de protección de desempleo, UGT dice que resulta paradójico titular como "racionalización y mejora del sistema" una serie de medidas que supondrían en su conjunto "un contundente recorte desde la doble perspectiva de endurecer las condiciones de acceso y también de recorte de las cuantías". Ahí recuerda que el llamado, decretazo, aplicado en 1992, pretendía también racionalizar el sistema, un objetivo no logrado. Su propuesta es que hay que solucionar Ia causa real" del desfase presupuestario en el desempleo: la rotación de contratos precarios y las transferencias al sistema de protección de costes que correspondería asumir a las empresas. Para el sindicato, la cobertura de paro "ha financiado indirectamente reestructuraciones de plantillas y regulaciones de empleo" y pide que la Administración sea más estricta en la aprobación de expedientes de suspensión y extinción de contratos.