Buena fe y libertad de expresión

"La Xunta no tiene ninguna duda de su buena fe ni de la corrección de la campaña", comentó Manuel Fraga al tener la primera noticia del acuerdo de la junta electoral, antes de señalar que el Gobierno autonómico esperará a conocer el texto íntegro para estudiar la posibilidad de presentar recurso ante la Junta Electoral Central en el plazo de 24 horas que concede la ley. Anoche ya anunció la presentación del recurso.

La apelación del presidente gallego a la "buena fe" había sido precedida en las alegaciones al recurso del PSdG-PSOE, por la invocación a la "libertad constitucional de expresión". El consejero de Presidencia y Administración Pública, Dositeo Rodríguez, apelaba a ello para "hacer presentes las realizaciones del Gobierno autonómico, en aras de que los ciudadanos conozcan los criterios y posiciones generales del actuar cotidiano de la Administración".

Los votos particulares con tra la decisión mayoritaria del tribunal electoral fueron emitidos por el catedrático de Derecho Laboral de la Universidad de La Coruña, Martínez Girón, y por el profesor de esta cátedra y magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Supe rior de Galicia, Botana López. En sus respectivas argumenta ciones, ambos coinciden en que el anuncio Un país para vivir, un país para invertir, emitido en la TVG desde pocos días antes de la convocatoria de las elecciones, se refiere únicamente a la captación de inversiones en Galicia y "es política y electoralmente neutro".

Por esta razón, aseguran, no puede ser considerado parte de una campaña electoral o institucional, que proscriben las normativas electorales general y gallega. Martínez Girón cita textualmente un acuerdo de la Junta Electoral Central que señala que "la actividad habitual de los poderes públicos, dirigida a hacer presentes sus realizaciones y criterios, no referidos al proceso electoral convocado, no constituye actividad propagandística". El pasado 27 de junio, el PP presentó una proposición de ley en el sentido de prohibir que los poderes públicos, incluidos los autonómicos, realicen campañas publicitarias durante periodos electorales.