Autonomía fiscal

EL GOBIERNO incluirá en los presupuestos de 1994 la cesión del 15% del IRPF a las comunidades autónomas. El ministro de Administraciones Públicas, Jerónimo Saavedra, garantizó el viernes al presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, el cumplimiento de este viejo compromiso del PSOE que hasta ahora no había tenido una encarnación legislativa, básicamente por la oposición que desató esta expectativa en algunas comunidades presididas por socialistas. El mismo viernes, quizá previendo este final, el presidente de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, anunció que si el Gobierno da ese paso llevará la decisión a los tribunales. El Partido Popular, por boca de su vicesecretario general, Javier Arenas, ha dicho que no se opone por principio a la cesión del 15%, pero ha alertado sobre el riesgo de que los socialistas renuncien a cualquier otro principio en aras del apoyo que necesitan de los nacionalistas catalanes.Las comunidades autónomas -excepto Navarra y el País Vasco- se financian actualmente a través de su participación en los ingresos del Estado, de acuerdo con unos baremos preestablecidos que decide el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Con el nuevo sistema habrá dos vías de financiación: la resultante de aplicar esos baremos a los ingresos del Estado, que se mantendrá constante, y la resultante de retener el 15% de la recaudación del IRPF en cada comunidad. Inicialmente, esa segunda cantidad se restará de la primera, por lo que la cesión no supone un aumento del dinero destinado a las autonomías sino la libertad para administrar esa parte de sus ingresos. Su fundamento es eminentemente político: aumenta la capacidad de maniobra de cada comunidad para fijar sus prioridades de gasto, dado que ese dinero no tiene un objetivo prefijado. Al mismo tiempo, introduce un criterio de corresponsabilidad en el sentido de que se supone que la comunidad estará interesada en recaudar más a fin de disponer de mayor capacidad de gasto no finalista. Por añadidura, se supone que esa relación entre lo que el ciudadano paga y los servicios que le ofrece su comunidad favorece la conciencia fiscal cívica.

El argumento de sus opositores es que en el futuro sí podría haber mayores ingresos para algunas comunidades, ya que, manteniéndose constante la parte correspondiente a la participación en los ingresos del Estado, la que deriva del IRPF dependerá de la recaudación de ese impuesto realizada en cada comunidad. Está en la lógica de las cosas que esa recaudación aumente más que proporcionalmente en las comunidades ricas, por lo que, a la larga, el sistema puede ser discriminatorio o al menos insolidario. El vicesecretario de organización del PP, Mariano Rajoy, y el presidente socialista de Extremadura han ofrecido datos que podrían confirmar esa previsión.

Como resultado de la polémica, hoy existe un consenso implícito en torno a la idea de que el principio de corresponsabilidad fiscal y de mayor autonomía de gasto de las comunidades exige, para no resultar discriminatorio, mecanismos de compensación. Tales sistemas correctores habrán de garantizar igualdad de esfuerzo fiscal y, de acuerdo con lo ya establecido por la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), un nivel similar de. servicios públicos esenciales. En este punto, todos los defensores de la fórmula manifiestan estar de acuerdo.

La idea de la cesión, como derivación del debate sobre la corresponsabilización de los Gobiernos autónomos en la recaudación fiscal, procede de los socialistas catalanes. Pujol la hizo suya, y la convirtió en principal bandera reivindicativa cuando apareció una fuerte oposición de los socialistas de las regiones más pobres. Esa división existe también en el Partido Popular, por lo que Aznar -al igual que González- se limitó ' en la reciente campaña a generalidades del tipo "defendemos la corresponsabilidad fiscal", pero sin arriesgar fórmulas concretas que hagan compatible ese principio con el de solidaridad. El PSOE no incluyó una fórmula precisa en su programa, remitiendo su discusión al Consejo de Política Fiscal y Financiera. La redoblada presión de Pujol en estas vísperas del debate de presupuestos -en el que se juega el apoyo nacionalista del que depende la estabilidad del nuevo Gobierno- ha precipitado las cosas, adelantando el compromiso. Pero corresponde ahora al Gobierno -y no a tal o cual dirigente socialista regional- explicar las implicaciones del compromiso anunciado el viernes por el ministro de Administraciones Públicas. No sólo la fórmula técnica, sino sus repercusiones políticas, y en particular si la corresponsabilidad comprende también el compromiso de las comunidades autónomas de participar en el esfuerzo de austeridad de las administraciones públicas.