Un juez de Milán confisca una parte de los bienes de la familia Ferruzzi

El escándalo Ferruzzi ha vuelto a primera línea de la actualidad italiana tras el pequeño paréntesis que ha tenido durante el mes de agosto. El presidente de la Primera Sección del Tribunal Civil de Milán, Giuseppe Patrone, confirmó ayer la confiscación de bienes de los ex administradores de Montedison, controlado por Ferruzzi, hasta la cifra de 500.000 millones de liras (unos 45.000 millones de pesetas), tal y como habían solicitado los nuevos directivos de la empresa.La medida del tribunal milanés afectará a Carlo Sama, Arturo Ferruzzi, Giuseppe Garofano, Roberto Magnani y Roberto Venturi, así como a los herederos de Raúl Gardini. El próximo lunes, la asamblea de Montedison deberá pronunciarse sobre la propuesta del Consejo de Administración de iniciar acciones para exigir responsabilidades a los ex dirigentes.

El magistrado Patrone considera que todos los antiguos gestores acusados por la nueva directiva de la empresa son responsables, al existir "un hilo conductor entre las diversas operaciones encaminadas únicamente al cambio de la figura del deudor y que tenían como última meta endosar al sistema Montedison la consecuencia de las viejas operaciones (la especulación sobre la soja hecha en Chicago por Raúl Gardini en 1989) y de las nuevas y arrojadas iniciativas (préstamos a sociedades de nula solvencia patrimonial y tan evanescentes como para tener como dirección sólo un apartado de correos)".

Especulación

El juez asegura que hay continuidad de acción entre Raúl Gardini y sus cuñados Arturo Ferruzzi y Carlo Sama para intentar ocultar un agujero de 432.000 millones de liras, que se acumuló tras la especulación -fracasada- sobre el precio de la soja en la bolsa de mercancías de Chicago (EE UU).La decisión judicial llega en vísperas de la asamblea de socios de Montedison, que se celebrará el próximo lunes, y de la de Ferruzzi Finanziaria (Ferfin), la financiera de la familia de Rávena, que tendrá lugar el martes. La asamblea del lunes deberá decidir la reducción del capital, con la bajada del valor nominal de las acciones Ferfin de 1.000 a 5 liras y nombrar el nuevo Consejo de Administración.

Por otra parte, la fiscalía de Milán decidió ayer el inmediato envío a juicio, sin pasar por la audiencia preliminar, de Sergio Cusani, el financiero socialista detenido hace un mes acusado de falsedad en balance y violación de la ley sobre financiación pública de los partidos en el caso Enimont, la fracasada fusión entre el estatal Ente Nazionale de Idrocarburi (ENI) y la Montedison para la creación del polo químico italiano.

Sergio Cusani, que tendrá, como él mismo había pedido, un juicio rápido, está considerado pieza clave en el pago de la supercomisión de alrededor de 150.000 millones de liras a los partidos políticos.