El fiscal pide 46 años por una estafa inmobiliaria con 75 víctimas

La fiscalía de Madrid reclama un total de 46 años de cárcel para cinco personas (entre ellas, dos abogados) a las que acusa de estafar a 75 familias que necesitaban una vivienda. Atraídos por una falsa propaganda, los afectados -de condición humilde entregaron como señal a los agentes inmobiliarios distintas cantidades de dinero. Al final -de esto hace ya diez años- se quedaron sin el dinero y sin la vivienda.Esta supuesta estafa inmobiliaria es una de las mayores, por el número de perjudicados, denunciadas en -Madrid en los últimos anos. Los afectados, según se desprende del escrito de acusación del fiscal, fueron desalojados de los pisos que creían haber adquirido, y nadie les devolvió el dinero que entregaron como señal: entre 150.000 y 900.000 pesetas de hace 10 años -30 millones en total-.

Esta presunta estafa ha sido investigada por el Juzgado de Instrucción 21 de Madrid, indican fuentes de los afectados. El fiscal ha solicitado al juzgado que decrete la apertura del juicio oral y siente en el banquillo a los cinco acusados: José Antonio Uriarte Orbe -titular de las agencias-, Cristina Jiménez Sánchez, Manuela González, José Mejías y Manuel Lozano. El fiscal pide para estos dos últimos, abogados, y para Uriarte 10 años de cárcel, y a las dos mujeres, ocho años.

Los pisos objeto de la estafa están situados en Madrid, Móstoles, Alcorcón, Torrejón de Ardoz, Alcobendas y Coslada, entre otras localidades.

Condiciones ventajosas

El supuesto fraude se produjo entre los años 1983 y 1985. Según el escrito de acusación, el modus operandi fue el siguiente: las dos agencias implicadas, denominadas Credipiso y Sol-Doce y ubicadas en la calle de Chinchilla y en la Puerta del Sol, respectivamente, difundieron anuncios dando cuenta de la venta de pisos propiedad de terceras personas a los que se podía acceder en unas condiciones ventajosas.Muchas de estas "ventajosas condiciones" se revelaron después falsas, ya que no se ajustaban a "los encargos recibidos por los vendedores". La agencia, sin la debida autorización, ofreció, además, formas de pago aplazado sin la aquiescencia, en algunos casos, de los vendedores.

Los responsables de la agencia rehusaron devolver las cantidades entregadas por los compradores cuando éstos se percataron de que las facilidades distaban mucho de ser ventajosas. Al margen de perder sus señales (les dijeron que eran para cobrar sus honorarios), muchos de los afectados fueron desalojados de los pisos y tuvieron que pagar las letras que habían firmado para comprar las casas.